La reparación internacional a Tato RF desnuda la arbitrariedad de la Justicia

El fallo de la Corte Intera­mericana de Derechos Hu­manos, que determinó que la Justicia correntina vul­neró derechos esenciales del ex gobernador Raúl Ro­lando Tato Romero Feris, al proceder “arbitrariamen­te” a su encarcelamiento y mantenerlo privado de su libertad (situación que aún continúa) contrariando el derecho, sostiene que los tribunales ordinarios de la provincia incurrieron en una falta grave al lesionar el principio de presunción de inocencia.

La piedra angular so­bre la que se apoya todo proceso judicial, que es el principio de inocencia del imputado, fue manipula­da groseramente por fun­cionarios de la Justicia de Corrientes, puntualmente por el entonces juez de Ins­trucción Nº 1, Mario José Payes, cuyas resoluciones han sido blanco de contun­dentes objeciones por par­te de la Corte Interameri­cana, que ha señalado que esas medidas violentaron lo preceptuado por la Con­vención Americana de De­rechos Humanos, instituto que tiene rango constitu­cional en la Argentina. Esto significa que al pasarse por alto el plexo normativo de la Convención Americana se violó la Constitución Nacional.

Este es el punto clave que da sustento al planteo de fondo de Romero Feris, que en la defensa de su ino­cencia viene denunciando desde hace dos décadas que es víctima de una per­secución político-judicial. Ahora el artificioso entra­mado procesal ha quedado al desnudo.

El fallo de la Corte Inte­ramericana, que le da la razón al líder del Partido Nuevo, es inexpugnable y motiva el pedido de sus abogados para que se ace­lere su liberación.

La resolución de la Corte Interamericana al exordio que abre el caso es la conde­na a la que se está haciendo referencia. El Tribunal lo decidió por unanimidad y lleva la firma de Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (presidente); Eduardo Vio Grossi (vicepresidente); y los jueces Humberto Anto­nio Sierra Porto; Elizabeth Odio Benito; Patricio Paz­miño Freire y Ricardo Pérez Manrique.

Previo a este fallo favora­ble, que se conoció el mar­tes último en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal de investiga­ción del mismo organismo, se pronunció con un dicta­men durísimo contra la Ar­gentina por las violaciones judiciales que se cometie­ron contra Romero Feris.

La parte medular del caso es el encarcelamiento sin causa, en forma abusiva y producto de la interpre­tación antojadiza de crite­rios jurídicos. “La Corte ha sostenido que el contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria e ilegal del Estado”, dice el fallo. El “Estado” en este hecho es la Justicia de Co­rrientes.

La figura de la prisión preventiva, que fue mal­sanamente aplicada a Ro­mero Feris (y que hoy es motivo de debate en ge­neral, incluso lo mencio­nó el flamante presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción) fue el punto central del litigio en la Corte Interamericana. Y al respecto el Tribunal se expidió taxativamente en sentido de condena: “El Estado argentino vulneró el contenido de los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención Americana en perjuicio del señor Romero Feris...”, dice en un párrafo del fallo.

Al refutar los alegatos del Estado argentino, el Tribunal sostiene que “...esta postura desconoce la naturaleza de la prisión preventiva, al justificar que opere como una pena, con carácter sancionatorio, pese a tener una finalidad inicial relacionada íntima­mente con el desarrollo del proceso, lo que resultaría, igualmente, contrario al principio de presunción de inocencia”.

Conclusión, Romero Feris fue apresado, con­trariando el espíritu de la aplicación del Derecho, fue llevado a juicio en esas condiciones y condenado. La piedra basal de la admi­nistración de Justicia, que es el respeto al principio de inocencia, fue pisotea­da sistemáticamente en Corrientes, de tal modo que todo el proceso que se estructuró a partir de ese momento -y durante estas dos décadas- resulta vicia­do, cuanto menos, por la arbitrariedad

Será el Estado nacional, ahora administrado por el peronismo en la figura de Alberto Fernández, quien tendrá que hacer frente a las consecuencias de la condena que le impuso el organismo internacional, que está vinculado a la OEA (Organización de Estados Americanos).

Aunque la sen­tencia la tendrá que “pagar” el país, la condena apun­ta directamente al Poder Judicial de Corrientes. Sucede que por culpa de los estropicios que han cometido fiscales, jue­ces y camaristas, incluso ministros del Superior Tri­bunal en el proceso de per­secución judicial a Rome­ro Feris durante 20 años, ahora la Argentina ha sido condenada por violentar la Convención Americana de Derechos Humanos.

En particular la Corte Interamericana determinó, luego de un extenso perío­do de investigación, recopi­lación de alegatos y análi­sis de las causas, que el ex gobernador Tato Romero Feris fue detenido inicial­mente y luego mantenido preso de manera “arbitra­ria”.

En el fallo, que tiene 43 páginas, en la carátula del asunto de fondo especifi­ca: “En el presente caso la Corte debe analizar la res­ponsabilidad internacio­nal del Estado (argentino), por la alegada violación a diversos derechos conven­cionales relacionados con la supuesta privación a la libertad ilegal y arbitraria en contra de Raúl Rolando Romero Feris, así como por las alegadas vulneraciones al derecho a la protección judicial que habrían ocu­rrido en el marco de cuatro causas penales seguidas en su contra”.

La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia que se ha dictado. El fallo fue unánime.

El 24 de agosto de 2001 el caso de Ro­mero Feris llegó a la Corte Interamerica­na. Fue admitido en 2015. Ahora se dictó sentencia.

La Corte Intera­mericana cons­tató la violación a los derechos humanos de Raúl Romero Feris.

EDUARDO FERRER POISOT, PRESIDENTE DE LA CIDH. LUIS FERIS, ABOGADO.