Entre lo coyuntural y lo estructural

La emergencia social en el país obliga a actuar con premura. Enfocado en el problema del hambre que enfrentan muchos argentinos que vienen arrastrando una penosa situación por la falta de oportunidades laborales concretas, pero también por un acostumbramiento al asistencialis­mo estatal que hoy, frente a la magnitud de la crisis económica, no alcanza para vivir, el drama reclama de acciones firmes y bien programadas. Es lo que se esperaba del nuevo turno de gobierno y le toca al Frente de Todos, con Alberto Fernández como líder institucional, ofrecer respuestas. Según parece el plan ya está diseñado, el próximo paso es llevarlo a la prác­tica y volverlo eficaz. Pero tiene que plasmarse en un marco de consenso, arrestos individuales o sectores no sirven. Tampoco es aconsejable volver a caer única­mente en asistencialismo, se ne­cesita de algo más virtuoso.

El Parlamento nacional es el ámbito donde debe discutirse esa idea. Cómo atender la emergen­cia sin distraer el esfuerzo de las soluciones estructurales. Menu­do dilema, es de esperar que los legisladores encuentren el clima adecuado para debatir con pers­pectiva de construcción.

Ayer el presidente Fernández firmó el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Con­greso de la Nación que tiene como temario central un proyecto que abarcaría tres emergencias, económica, social y sanitaria. De acuerdo a los trascendidos, el FdeT tiene casi asegurado el quórum para comenzar a tratar esos expedientes la semana que viene en la Cámara de Diputados, pero en la oposición hay dudas por la letra chica que el Gobierno todavía no develó. Inexplicable demora. Algunos legisladores del hetero­géneo bloque de la oposición se encargaron de resal­tar que están dispuestos a acompañar, pero aclararon que nada “será automático”.

Con el justificativo de paliar el hambre más urgente se podrían colar otras medidas extraordinarias que no corresponden. La Casa Rosada tiene que dar señales bien precisas al respecto. ¿Cómo se va a atender la ne­cesidad alimentaria?

Un informe de prensa que circuló ayer dice que el Gobierno estudia destinar el año próximo casi $60.000 millones al Plan Alimentar, que inicialmente beneficiará a 1,2 millón de personas de bajos recursos, y será “voluntario” para las industrias alimenticias. La iniciativa será coordinada a nivel nacional por el Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra el Hambre que anunció en campaña AF.

Aparentemente los industriales de la alimentación ya recibieron un bosquejo de cómo será la ini­ciativa, que se implementará a tra­vés de una tarjeta que sólo permi­tirá realizar compras. Justamente esas compras deberán estar diri­gidas a una canasta de alimentos y bebidas a precios rebajados -que quedaría exenta de IVA- y se está empezando a definir entre funcio­narios y las principales compañías del sector.

La presidenta del Consejo Fede­ral de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, dejó trascender que en una fase inicial se distribuirán 1.200.000 tarjetas. Esto representaría unos 50.000 pesos anuales por cada subsidio que se otorgue, y aún no está definido si se prorrateará a ra­zón de unos $4.800 por mes.

Al tratarse de un programa voluntario, las empresas podrán ingresar y salir cuando lo deseen. Pero el Go­bierno confía en que habrá una adhesión masiva, por­que en definitiva a las empresas les permitirá liquidar stocks que se vinieron acumulando en el último año como consecuencia de la recesión y la escalada infla­cionaria.

Se trata de una propuesta que apunta al asistencia­lismo, falta el complemento, la medida de fondo que transforme lo estructural.