Objeción de conciencia y el abordaje de menores, los cambios en el Protocolo

El nuevo protocolo de aborto no punible, publi­cado el viernes pasado en el Boletín Oficial, incluye varios cambios en relación al anterior de 2015. La obje­ción de conciencia es la que despertó más polémica.

Corrientes es una de las provincias que todavía no adhirió al protocolo, pero anunció que se encuentra trabajando en un proyecto propio.

“Tiene como objetivo ofrecer una guía a los equi­pos de salud, para que cum­plan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino. Se basa en la mejor eviden­cia científica disponible y en la experiencia de im­plementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales”, expresó en el prólogo el ti­tular del Ministerio de Salud de Nación, Ginés González García, quien agregó: “Está orientado por los objetivos que una política sanitaria en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos re­productivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia cien­tífica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la po­blación; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesi­tan”.

CAMBIOS INTRODUCIDOS

La primera modificación establece que la objeción de conciencia es individual. Un profesional puede negarse a realizar una interrupción legal del embarazo, pero la decisión no debe demorar la concreción de la práctica. En casos graves, y si se tra­tare del único profesional disponible en el centro de salud, debe realizar la práctica, aun siendo ob­jetor de conciencia. “Un profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuan­do no se traduzca en deriva­ciones o demoras que com­prometan la atención de la requeriente”, dice el texto.

“No podrá ejercerse la ob­jeción de conciencia si no existiera un profesional dis­ponible para la realizar de la práctica de forma oportuna, tal y como lo establecen las leyes de derechos del pa­cientes y de ejercicio de la medicina. Tampoco podrá ejercerse objeción en los ca­sos de emergencia, cuando la práctica deba realizarse de forma urgente, pues pon­dría en riesgo la vida o la salud de la paciente”, cita la guía actual, en coincidencia con la que fue vetada por el ex presidente Mauricio Ma­cri.

Una mención especial hace la nueva guía en re­lación a la situación de las niñas y adolescentes de 15 años o menos, para quie­nes un embarazo, asegura el texto, implica en sí mismo un riesgo aumentado para su salud, tanto física como mental.

Sin autorización de los padres, “entre los 13 y 16 años las personas adoles­centes pueden dar su con­sentimiento autónoma­mente para las prácticas de la ILE, cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida”, dice el texto. De todas maneras, advierte, se recomienda fo­mentar que las adolescentes cuenten con la compañía y el apoyo de una persona de su confianza durante el pro­ceso.

Para los casos de las niñas menores de 13 años, podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, represen­tantes legales o personas que ejerzan formal o infor­malmente roles de cuidado. Sin embargo, si existiera una negativa de progenito­res, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña, el protocolo indica que podrá ser acompañada para brindar su consentimiento por otro referente afectivo.

“Si no existiera esta posi­bilidad, el conflicto debe re­solverse desde el equipo de salud, teniendo en cuenta el interés superior de la niña, la regla de no sustitución del consentimiento, y la ap­titud de la niña para decidir en base al desarrollo de su autonomía progresiva”, de­talla.

CAUSAL

“Las causales que habili­tan a solicitar una ILE son: que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la persona gestante, o que haya sido producto de una violación”, determina la guía, y se adhiere a la defi­nición de la Organización Mundial de la Salud, que de­termina que la salud es “un estado de completo bienes­tar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 2006)”.

Y agrega: “La causal salud puede definirse por el ries­go de afectación al bienes­tar físico, mental o social, y entenderse que la interrup­ción del embarazo basada en esta causal es legalmente factible cuando cualquiera de estas dimensiones de la salud está en riesgo. Es de­cir, que se debe concebir la salud desde una perspectiva integral”.

ADHESIÓN

Tucumán es una de la pro­vincias -junto con Santiago del Estero y Corrientes- que figuran sin protocolo propio ni adheridas al nacional; sin embargo, el gobernador Juan Manzur dijo que van a estudiar el nuevo protocolo, para su posible aplicación. En agosto de 2018 la Legis­latura tucumana, por ma­yoría, declaró a la provincia pro vida, igual que Corrien­tes desde 2011.s

LA GUÍA RIGE DESDE LA SEMANA PASADA. CORRIENTES ANALIZA IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO PROPIO.

Ofrece una guía a los equipos de salud para que cumplan con su res­ponsabilidad con la ILE, contemplado en la ley.