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Abren otro expediente por el caso de créditos ilegales

La Justicia Fe­deral pretende investigar acti­vidad de lavado de dinero.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres resolvió abrir una nueva causa judicial con el fin de investigar la posible comisión del deli­to de lavado de activos por parte de una organización integrada en su mayoría por ciudadanos extranjeros, acusados de haber realiza­do préstamos de dinero por fuera del sistema legal.

La resolución firmada por el juez Gustavo del Cora­zón de Jesús Fresneda, sin embargo, no trabajará en la investigación hasta tanto el juez provincial Martín Vega no culmine con la otra parte del expediente en la que se investiga hechos de extor­sión y amenazas por parte de los prestamistas hacia sus clientes.

En otros términos, Fres­neda no negó la posible existencia de delitos fede­rales, pero tampoco quiere trabajar en el caso y por ello abrió un expediente parale­lo en su juzgado.

Mientras tanto, el juez Martín Vega continuará con los análisis de los hechos denunciados en Curuzú Cuatiá por quienes dijeron haber sido amedrentados por ciudadanos colombia­nos que prestaban escasa cantidad de dinero a tasas usurarias.

Fresneda -además- le pi­dió a Vega que, de estar dis­conforme con su decisión, “trabe contienda negativa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La determinación del juez federal -quien cuando era secretario judicial fue de­nunciado por el cobro de coimas- dejó sin efecto una resolución de la jueza del mismo fuero, Cristina Poz­zer Penzo, quien lo habría subrogado a principios de este mes y aquel se tomó días de licencia. Ella había aceptado la competencia federal, ya que el juez Mar­tín Vega, titular del Juzgado de Instrucción Provincial de Curuzú Cuatiá se inhibió al advertir la posible existen­cia de delitos federales.

La jueza -entonces- pidió que se remita todo el expe­diente y avanzó en resolver la situación de los deteni­dos.

Su decisión quedó anula­da cuando Fresneda regresó a su despacho.

La causa tiene unos 90 imputados, la mayoría de ellos colombianos y venezo­lanos. Fueron detenidos en octubre pasado en el marco de 50 allanamientos reali­zados en las provincias de Corrientes, Buenos Aires y Entre Ríos