El plan para el veranito económico

A una semana de la asunción del nuevo Go­bierno se conoció ayer oficialmente el pa­quete de medidas económicas diseñado por el equipo que encabeza el ministro Martín Guzmán y que están contenidas en un megaproyecto de ley que fue enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento. Algunas acciones ya se adelantaron por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Po­der Ejecutivo, pero en el texto de la iniciativa se define con cifras precisas los alcances del programa que tie­ne básicamente el rótulo de la política económica del peronismo, o mejor dicho del kirchnerismo en gestio­nes anteriores. Concretamente, se busca apuntalar el consumo, ajustando algunas tuercas tribu­tarias.

Por vía de una mayor expecta­tiva de recaudación se propone una mayor distribución a secto­res postergados, que además es el que vuelca sus recursos a la compra de bienes y servicios co­tidianamente. La idea de fondo es poner en movimiento el mercado doméstico, lo que no significa necesariamente una reactivación plena de la economía. Es una bo­canada de oxígeno para que el país se espabile de la brutal recesión en la que cayó.

En ese marco se inscribe el bono a los jubilados que cobran el salario mínimo, también a los pensionados y a los beneficiarios de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH). En igual sentido actúa el congelamiento de las tarifas por un semestre (que generalmente no tiene estricta aplicación en las provincias). Y refuer­zan estas medidas la tarjeta alimentaria (para los más necesitados) y el freno a la suba de los medicamentos, que el gobierno de Alberto Fernández ha puesto en marcha en paralelo a la ley que acaba de mandar al Congreso.

Todo el programa está pensado en los que menos tienen y responde a lo que venía anunciando el fla­mante presidente del Frente de Todos. Los beneficios apenas rozan a la clase media, si es que todavía existe como tal esa clase. Por otra parte no hay sino una gra­jea de beneficio para quienes producen y se sustancia a través de facilidades para enfrentar las deudas.

El problema de fondo, que es el incentivo a la pro­ducción y reactivación de la industria, todavía no tie­ne una bitácora. Habrá que esperar, seguramente, un tiempo más para llegar a esas definiciones, el objetivo ahora está puesto en cruzar el rubicón que significa el cambio de calendario.

La administración de Alberto Fernández ha preparado un plan para el veranito, dejando en se­gundo plano la racionalidad fiscal que dominaba el discurso, pero no los hechos, de su antecesor, Mau­ricio Macri.

El tema tendrá que ser discutido en el Congreso bajo la forma de un megaproyecto de ley que pone el sello de emergencia en casi todas las áreas, económica, social, pre­visional, etc.

Este parece ser el nudo gordiano de la discusión legislativa. ¿Hasta dónde otorgar facultades amplias al Ejecutivo median­te la declaración de emergencia? Una cosa es autorizar medidas de contingencia, otra distinta es firmar una potestad absoluta, que puede volverse licenciosa.

En medio del debate surgirán, seguramente, contro­versias por medidas que son siempre urticantes, como el impuesto al dólar, el incremento de la alícuota a los bienes personales o las retenciones al campo. Los zarpazos que son de rutina para alimentar la recau­dación, pero que en esta oportunidad no constituyen un impuestazo sino el retorno al nivel tributario de 2015/2016, que durante el mandato de Macri se disol­vió parcialmente y que luego con la brutal devaluación por la crisis se pulverizó.s