Ahora AF tiene un bolígrafo superpoderoso

El megaproyecto de emergencia económica que el presidente Alberto Fer­nández envío al Congreso de la Nación (y se aprobó) tuvo varios cambios duran­te su tratamiento en la Cá­mara de Diputados, entre los cuales se destacaron la exclusión de las jubilacio­nes de jueces, diplomáticos, ex presidentes y vices de la suspensión de la Ley de Mo­vilidad.

El proyecto, que delega facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo, esta­blece un impuesto de 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tar­jetas y compra de servicios; suspende por 180 días la movilidad jubilatoria; esta­blece un nuevo esquema de retenciones y aumenta bie­nes personales.

También fija un plan de regularización de deudas para las pymes, autoriza al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema ener­gético y a intervenir los en­tes reguladores del gas y la electricidad Enargas y Enre, respectivamente.

A continuación, los pun­tos principales del proyecto:

-Se declara la emergen­cia pública en materia eco­nómica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sani­taria y social, y se delegan facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para ha­cer cambios en todas esas áreas.

-Faculta al Ejecutivo a lle­var adelante las gestiones necesarias para “recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina”.

El Gobierno deberá in­formar los resultados a la Comisión Bicameral Per­manente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Con­greso.

-Establece un impuesto a la compra de dólares del 30 por ciento para la compra de divisas para atesoramiento (con el límite de 200 men­suales ya fijado) y también para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, por el período de cinco años. Se precisó que el impuesto no alcance a aquellas compras de dólares o gastos en divisa extranjera que hayan sido efectuados antes de la en­trada en vigencia de la ley, ni a los viajes que se reali­cen a ciudades terrestres fronterizas.

-Lo recaudado por este impuesto se destinará en un 67% al financiamien­to de los programas de la Anses. Un 3% se destinará a la creación de un Fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimu­lar la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción.

Y el restante 30% se des­tinará a solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso Renabap y fomentar el desarrollo del turismo local.

-Se suspende por 180 días la Ley de Movilidad Jubila­toria sancionada en 2017, que ataba los aumentos a la inflación y al índice de variación salarial.

-Faculta al Gobierno a fijar derechos de expor­tación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%.

Para productos agroin­dustriales de economías regionales se establece una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes in­dustriales y servicios. En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o prove­nientes de la minería, se re­duce el tope del 12 al 8%.

-Se autoriza al Poder Eje­cutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Regulador del Gas (Enargas).

También habilita al Go­bierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, “propen­diendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e in­dustrias, para el año 2020”.

A su vez, se faculta al Go­bierno a iniciar un proceso de renegociación de la Re­visión Tarifaria Integral vi­gente.

-Aumenta en forma pro­gresiva el impuesto a bienes personales.

-Faculta a la Afip a es­tablecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales.

-Se eliminó el artículo que obligaba a empresas de medicina prepaga a aumen­tar sus aportes al fondo so­lidario de redistribución del sistema.