La dimensión de la emergencia

El aspecto más controversial de la Ley de So­lidaridad Social y Reactivación Productiva, que el Congreso de la Nación sancionó en un trámite exprés en las últimas horas, es la mul­tiplicación de la declaración de emergencia que dicta­minó el gobierno de Alberto Fernández y que abarca casi todos los frentes, desde el económico, pasando por el previsional hasta el productivo. Como dijo el ve­terano economista Juan Pablo De Pablo, “sólo les faltó meterse con la filatelia”. Y aunque mordaz el comenta­rio, razón no le falta. Es que detrás de la rimbombante denominación, la nueva ley esconde la transferencia de poder a la Casa Rosada, que contará con faculta­des extraordinarias nunca antes vistas. La declaración de emer­gencia conlleva esa potestad, la de disponer discrecionalmente para hacer o deshacer. Ni Cristi­na Fernández de Kirchner, en su mayor apogeo, tuvo igual canti­dad de prerrogativas. El profesor Fernández comienza su gestión con un bolígrafo superpoderoso.

Como dato complementario, y que no es menor, importa resaltar que ni siquiera durante la crisis de 2001, cuyas secuelas se extendie­ron hasta el gobierno de Eduardo Duhalde y Néstor Carlos Kirchner, la emergencia tuvo igual amplitud. Sólo abarcó a un par de frentes, lo eco­nómico, lo social; el resto se manejó a través de los ca­nales ordinarios.

Esta vez, a través de la Ley “de Solidaridad...” se de­claró la emergencia pública en materia económica, fi­nanciera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y se delegan facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.

Ahora bien, el interrogante que habilitó la discusión entre los legisladores de la oposición y el oficialismo tanto en el recinto de Diputados como de Senadores es si el cuadro de emergencia que vive el país es tan am­plio y profundo como quedó definido en la ley. ¿Esta­mos en emergencia?, es la pregunta que se hicieron (y todavía se hacen) muchos. Ciertamente hay urgencias en distintos frentes, pero las emergencias están bien focalizadas. Lo social es indiscutible, y en ese ítem ya está comprendido lo sanitario. Podría considerarse la parte económica y quizás la tarifaria, pero lo demás asoma como excesivo. Demasiada discrecionalidad junta.

En concordancia con el título del proyecto “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” está cla­ro a dónde deben apuntar las medidas. Hay millones de argentinos que tienen serios problemas alimentarios. Los indicadores del Indec muestran cual es la priori­dad, atender la pobreza y la des­ocupación que son las causantes de todos los males.

Se puede debatir mucho sobre el origen, cómo y por qué el país en­tró en esta pendiente hacia abajo, pero sería fútil y poco construc­tivo. El hecho es que los números -oficiales- ofrecen una radiografía exacta de la dimensión de la ca­tástrofe social. Por ejemplo, en la semana que acaba de terminar, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) divulgó que el 10% más pobre de la población recibió en el tercer trimestre del año apenas el 1,3% de los in­gresos y el 10% más rico concentró 33,2%, por lo que la distribución de la riqueza empeoró 5,9% interanual.

Casi el 80% de la población ocupada tenía ingresos individuales por debajo del costo de la canasta para una familia tipo, que en septiembre último era de $34.784. Por su parte, el 50% de los hogares, sumando el ingreso de sus integrantes, tampoco cubría ese monto, al llegar a una media de hasta $34.270.

De acuerdo con los datos elaborados sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el ingre­so promedio per cápita fue en ese período de $16.571 mensual. No hace falta mucho más, allí está el paráme­tro para comenzar a trabajar en serio y rápido. Con eje­cutividad se resuelven las emergencias