Las jubilaciones de privilegio promedian los 350 mil pesos
La ley de Solidaridad Social desató una fuerte polémica en torno a la actualización del régimen de asignaciones vitalicias.
Las asignaciones vitalicias o jubilaciones de privilegio que el Gobierno pretende derogar promedian los $350 mil en el caso de ex presidentes y $225 mil en el de integrantes del Poder Judicial, según datos oficiales.
Estos haberes benefician a unos pocos miles de personas que le cuestan a todos los argentinos más de $15.000 millones anuales, mientras se hacen malabares para reducir el déficit fiscal.
La jubilación de un ex presidente en la Argentina es 25 veces superior -casi 2.400% más- que el haber mínimo, de $14.067.
A estos desfasajes, que generaron polémica durante el debate de la emergencia económica, se sumó la decisión del Congreso de dejar fuera del proyecto de ajuste de haberes a beneficiarios del régimen especial jubilatorio, en el que se incluye a ex mandatarios, diplomáticos y jueces nacionales.
Uno de los casos más excepcionales, que fue motivo de ironías entre algunos legisladores durante el debate de la ley de emergencia, es el del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, que gobernó 8 días la Argentina y cobra $347.000 mensuales de pensión vitalicia desde hace 18 años.
Es decir que en todo este tiempo, actualizado a valores de hoy, el Estado argentino le pagó 82 millones de pesos al mandatario que declaró el default más grande de la historia, se quejaron legisladores de Juntos por el Cambio en los corrillos del Congreso.
En cambio, Ramón Puerta y Eduardo Camaño, que estuvieron unas pocas horas al frente del Ejecutivo durante esa misma crisis de diciembre de 2001, renunciaron a percibir las jubilaciones de privilegio que técnicamente les hubiese correspondido.
La ley 24.018 votada en 1991 y actualizada en noviembre de 2002 -que finalmente no se modificó- incluye las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y diplomáticos.
Todas esas jubilaciones, que representan más de 1.000 millones de pesos mensuales, se seguirán ajustando por la movilidad.
En este marco, el presidente Alberto Fernández decidió ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar un proyecto de ley que “termine con las jubilaciones de privilegio”.
“Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos”, indicó el mandatario al defender el intento de terminar de una vez con estos privilegios.
Un ex juez de la Corte Suprema percibe en la actualidad una jubilación que supera los $ 340.000.
Mientras que los haberes de quienes trabajaron y aportaron desde el Poder Judicial alcanzan un promedio de $224.734 mensuales.
El personal que se desempeña en el servicio exterior tiene garantizada una jubilación equivalente al 85% del salario de acuerdo al puesto de mayor rango que ocuparon durante su vida activa.
Hay otros regímenes jubilatorios especiales, aunque no son considerados de privilegio.
Se trata de los haberes de docentes universitarios y no universitarios y los investigadores que tiene un ingreso mensual más alto.
En el caso de los docentes no universitarios la jubilación promedio es de $54.292.
La de los docentes universitarios asciende a $76.098 y la de los investigadores, a $104.613. Esto se debe a que en los tres casos el aporte de su sueldo que realizan durante sus años de trabajo es más alto en relación con el común de los empleados, es decir, de 13% en lugar del 11%.