Medidas, control y cumplimiento
En octubre la morosidad en préstamos a empresas trepó al 5,3% de los créditos totales, superando el 1,8% registrado en el mismo mes del 2018. También aumentó el saldo de financiamiento de las familias.
Dentro del paquete de medidas para favorecer el consumo, el Gobierno nacional puso en marcha además un nuevo esquema de control. Resulta claro que la medida (por lo menos a primera vista) responde a la necesidad de hacer cumplir de manera plena las decisiones. Y es en ese punto que el Presidente, días atrás, formuló una referencia respecto al tratamiento oficial a empresarios, a quienes advirtió que “no es posible que haya que llevarlos a los latigazos”.
La referencia tiene que ver con la demostración respecto a la falta de apego (en muchos casos) a las decisiones, y a algunos comportamientos vinculados a eludirlos.
Fue así que se tomó la decisión de controlar en forma online que los supermercados cumplan con el nuevo acuerdo de precios, que prevé aumentos de no más del 7% tras la eliminación de la exención del IVA en los alimentos.
Las organizaciones de defensa del consumidor venían cuestionando al anterior gobierno por el desmantelamiento de la estructura de control, fundamentalmente por la falta de inspectores.
Los alimentos que integran la canasta básica deberán subir no más del 7% desde este jueves, según el acuerdo que el Gobierno suscribió con las grandes cadenas de supermercados.
Fuentes de la Secretaría de Comercio explicaron que los supermercados mandan los precios online a ese organismo y que en el momento en el que cargan las listas de precios, se actualiza la base de datos.
Explicaron que funcionarios de esa secretaría pueden controlar inmediatamente las variaciones de precios que aplican las grandes cadenas desde el mismo momento en que las aplican.
Las fuentes destacaron “la buena predisposición” de las empresas que estuvieron trabajando hasta ayer para definir los precios, aunque enfatizaron que igualmente se va a estar controlando la variación de precios.
Esta situación busca el cumplimiento pleno de las decisiones, para superar las instancias de evasión que conllevan a una situación de conducta fuera de la ley.
El Gobierno busca una actitud solidaria y concreta, que pueda significar una salida del ahogo de los consumidores que, como dato reciente, demostró que la morosidad en la cadena de pagos alcanzó en octubre último el pico más alto del año y afectó en especial a las tarjetas de crédito, y los servicios de telefonía celular y TV por cable.
En este sentido el aumento de la falta de pago fue consecuencia de un crecimiento del desempleo: el sector que no paga porque perdió el trabajo creció de 3,7% al 11,3%, según un estudio de la empresa de cobro de deudas Martínez de Alzaga.
De acuerdo con las últimas cifras del Banco Central, en octubre la morosidad en préstamos a empresas trepó al 5,3% de los créditos totales, superando el 1,8% registrado en el mismo mes del 2018.
También aumentó el saldo de financiamiento de las familias, tanto en pesos como en dólares, un 5,1% interanual, por el aumento de financiación con tarjetas de crédito.
Según la empresa Martínez de Alzaga, la morosidad en octubre último “presenta el pico más alto de los últimos 12 meses, con un 43,55% de falta de pago impulsado por las telecomunicaciones, TV por cable y proveedores de internet, que han tenido un incremento sostenido en los últimos 3 meses consecutivos”.
Normas y control, y el necesario castigo por incumplirlas forman un compendio de decisiones que deberá ser de cumplimiento concreto.