El Gobierno oficializó el aumento a cuenta para los trabajadores privados

El Gobierno Nacional dispuso ayer, a través de un decreto, un aumento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado que as­cenderá a una suma fija de 4.000 pesos, a pagar en dos cuotas a partir del mes de enero de este año y a cuenta de las futuras negociacio­nes paritarias. La primera cuota será de 3.000 pesos, la cual deberá abonarse con los haberes de enero de este año, y la segunda de 1.000 pesos, que será pagada con los sueldos correspondien­tes a febrero próximo, pre­cisó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, durante una conferencia de prensa realizada ayer en la Casa de Gobierno. El funcionario anticipó que “para el sector público nacional sacaremos una medida similar” la se­mana que viene en mate­ria salarial ya que, explicó, “tiene una complejidad administrativa, porque in­cluye empresas, adminis­tración central, organismos descentralizados”, por lo cual “su análisis y determi­nación demorará algunos días”.

La medida apunta a be­neficiar “a los sectores más bajos de la escala salarial, a través de una remune­ración fija y remunerativa para todas las escalas y todas las categorías, sin incidencia en los adicio­nales de los convenios” y aclaró que “no es un bono, ni una suma ex­traordinaria, sino que ya queda incorporado a cuen­ta de lo que se negocie en las paritarias del 2020”.

Estimó que el incremento “tendrá un efecto dinami­zador sobre la demanda, ya que se prevé que la suma que va a incorporar en la mesa salarial total es de aproximadamente 20.000 millones de pesos”.

Moroni indicó que con esta medida “1.300.000 tra­bajadores logran recuperar la totalidad del poder ad­quisitivo perdido durante el 2019”, número que repre­senta “aproximadamente el 20% del total de los traba­jadores”, y que “terminan siendo un incremento real de entre el 7 y el 20% en las categorías más bajas de los convenios”.

El incremento deberá consignarse en el recibo de haberes como un rubro independiente bajo la de­nominación de “incremen­to solidario”, con el objeto de facilitar el control de su pago. La suma será pagada a cuenta de futuros aumentos establecidos en paritarias, y no será tenida en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, salvo que se acuerde un criterio distinto específicamente para este incremento a través de la negociación colectiva. En el caso de que la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o con­vencional, los trabajadores percibirán el incremento en forma proporcional, de acuerdo a las pautas del convenio colectivo aplicable o, supletoriamente, según las reglas generales conte­nidas en la Ley de Contrato de Trabajo, Nº 20.744. Las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con Certificado Mipyme vigente, quedarán eximidas del pago de las contribuciones patro­nales destinadas al sistema previsional.

La Asociación de Tra­bajadores del Estado anunció que el Gobier­no Nacional otorgará en los próximos días un aumento de 4.000 pesos para los trabajadores de la administración públi­ca, “en sintonía con el incremento concedido al sector privado”, se­gún una información “extraoficial” brindada desde el Ministerio de Trabajo.

“Durante la semana entrante, el Gobierno anunciará un aumento de $4.000 para las y los trabajadores del Estado. El mismo será desdo­blado de la siguiente manera: $3.000 en el mes de febrero y $1.000 en marzo. Los benefi­ciarios serán aquellos que cobren por debajo de los $60.000”, indicó ATE.s

El presidente Alberto Fer­nández recurrió a dos herra­mientas similares a las que usaron Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner durante los dos primeros años después de la crisis del 2001. El fla­mante mandatario otorgó ayer aumentos salariales por decreto para subir el sueldo mínimo de los trabajadores, y pocos días atrás estableció la doble indemnización para despidos injustificados.

Ambas medidas fueron reivindicadas por uno de los integrantes de la conduc­ción de la CGT, que recordó el vínculo con las herra­mientas que usaron Duhal­de y Kirchner para salir de la crisis. “Son decisiones clave, para arrancar. El aumento tiene el efecto de moderar el impacto inflacionario en los salarios y fija un piso que deben pagar los distin­tos sectores empresarios. Es un alivio para el bolsillo de los trabajadores, hasta que se negocien las nuevas paritarias”, dijo uno de los jefes de la central gremial. De todos modos el aumento de $4.000, a cobrar en dos cuotas, no causó el mismo impacto en los gremios con sueldos altos, que en los que vienen más golpeados por la crisis económica. Por eso, el aumento fue muy bien reci­bido entre los trabajadores textiles, encargados de edi­ficios, construcción, paste­leros y del calzado; mientras que tuvo una recepción un poco más fría entre los ca­mioneros, que lidera Hugo Moyano, que esperaban una cifra más cercana a los $9.000 mensuales. “Es una señal positiva de un cambio de época. El Gobierno tomó la decisión, a través de un decreto, de poner en una lí­nea más alta a los que más perdieron en estos cuatro años”, dijo al diario Clarín Hugo Yasky, secretario ge­neral de la CTA. Y señaló que tienen la expectativa puesta en que los primeros días de la semana que vie­ne se anuncie el mismo au­mento para los empleados del sector público. “Después habrá que ir a gestionar a las provincias y municipios para que se repliquen esos aumentos, en un efecto cas­cada”, añadió Yasky.

Cautela de gremios y empresarios

En cambio, desde el sec­tor empresarial todas las posturas fueron mucho más cautas. “Lo empezamos a analizar. Recibiremos todas las inquietudes y ahí nos pronunciaremos”, dijo Da­niel Funes de Rioja, vicepre­sidente de la Unión Indus­trial Argentina (UIA). En el mismo sentido se expresa­ron desde la conducción de la Came.s

Reclamo de la CTA-A

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autó­noma (CTA-A) reclamó al Gobierno que haga “extensivo” el aumento de $4.000 brutos concedido al sector priva­do a quienes desempeñan tareas en el Estado Nacional y perciban un ingreso menor a los $60.000. “Desde la CTA-A defendemos que el Estado recupere un rol activo en materia salarial y de recomposición de derechos para las trabajadoras y trabajadores luego de cuatro años de neoliberalismo”, señaló la CTA-A.