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El atropello de la Justicia

Vergüenza, no para nuestra reportera sino para cinco varones que intimidaron a una mu­jer, obligados justamen­te por la orden de otra mujer.

El ataque a balazos de un remisero a una pa­reja, episodio ocurrido el jueves último en la zona céntrica de esta ciudad y que terminó la­mentablemente con un saldo luctuoso, causó conmoción en la comunidad correntina y no era para menos. A los tiros en la vía pública, el baño de sangre derivó en tragedia. La gente tuvo la oportunidad de seguir prácticamente al instante el desarrollo de los acontecimientos a través de los distintos medios que se prodigaron en la cobertura periodística en dos es­cenarios, el primero (el del ataque) cerca de la plaza Torrent y el segundo (el del desenlace) casi en la peri­feria de las cuatro avenidas. Todos, incluido este dia­rio, cronicaron de cerca el hecho policial. Pero le tocó a NORTE de Corrientes sufrir un impensado (e inaudito) atropello de la Poli­cía ordenado por una funcionaria judicial desorbitada del rol que le toca y de la conducta que debe resguardar.
Violencia institucional contra una periodista (en este caso una reportera gráfica) que estaba ha­ciendo su trabajo desde el lugar que le correspondía. Ejercicio abusivo del poder contra un me­dio de comunicación que sola­mente recolectaba información para luego brindarla a sus lectores. La libertad de prensa quedó así reducida a la nada misma frente a la patota de uniformados co­mandada por una fiscal que se supone con potestades ilimitadas.
En un derroche de indulgencia se nos ha dado su­poner que la insolencia oficial fue azarosa, producto de un rapto espontáneo de soberbia con la que suelen manejarse ciertos funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Es decir, le tocó en suerte a NORTE de Corrientes lidiar con el desenfreno de una fiscal susceptible. Bien podría haber sido cualquier otro medio el que sufriera el desborde de una investigadora quisquillosa y una guardia de policías dispuestos a la obediencia debida, aunque eso signifique la salvajada de apretar a una mujer para obligarla a renunciar a su tarea profesional.
¿Violencia de género? Tal vez algún colectivo de los muchos que andan dando vueltas pase cerca, recoja la inquietud y lleve el planteo al nivel que corresponda te­niendo en cuenta que la agresión fue contra una mujer/trabajadora (que además es esposa y madre de familia). Solita, con su credencial colgando del cuello y armada únicamente con su cámara de fotos, enfrentó a cinco tipejos uniformados que la rodearon y forzaron a bo­rrar imágenes que había capturado del procedimiento.
Vergüenza, no para nuestra reportera sino para cinco varones que intimidaron a una mujer, obligados justa­mente por la orden de otra mujer que quizás se supone con autori­dad extraordinaria.
Si en verdad fue azaroso el atro­pello (le tocó a NORTE, aunque podría ser cualquiera), eso indu­ciría a pensar que la fiscal Patricia Mariela Armendía -de ella se tra­ta- puede errar a mansalva, hoy uno, mañana otro. No es bueno, pero al menos no se podría asig­nar animosidad. Sin embargo, si la embestida de censura fue puntual eso certificará que la Señora tiene alguna inquina con este medio, quizás con su línea editorial o tal vez con los editores responsables.
De cualquier modo la Doctora tiene un problema. Desconoce reglas básicas, que por razones de econo­mía de espacio no serán detalladas en esta columna. Pero, fundamentalmente la fiscal Armendía (que es del Juzgado de Ejecución de Condena y está subrogando en la feria en el fuero Penal) carece de empatía. Mandar a cinco uniformados a apretar a una periodista que hacía su trabajo, desde el lugar que correspondía sin violen­tar el cerco perimetral y sin obstaculizar la tarea de los peritos, retrata un defecto intolerable. Repudiable.
Es de esperar que las instituciones reparen en la des­prolijidad y garanticen un nunca más a la censura y a la violencia.