El dispendio de privilegios

La administración del radical Eduardo Alberto Tassano en la Municipalidad de Corrientes parece haber perdido el equilibrio, indispen­sable para gobernar, y ha derrapado hacia el desatino con una serie de medidas que, además de inexplicables, resultarán gravosas para el erario pú­blico. Decisiones, por otra parte, que al otorgar ar­bitrarias prerrogativas establecen iniquidades, que­brando el principio de igualdad ante la ley y también el de la solidaridad en el seno de una comunidad. En la sorprendente rodada hacia al absurdo, la gestión de ECO+Cambiemos, ha comenzado a diagramar un escenario de injusticia que más temprano que tarde seguramente tendrá un capítulo en los tribu­nales ordinarios. Sucede que la Intendencia ha pasado por alto unos cuantos parámetros que son de observancia obligatoria y en ese sentido no hay que descar­tar que deba explicar y/o defen­der sus resoluciones en el ámbito judicial.

Es extraño, el intendente capi­talino perfilaba una gestión crite­riosa, que aunque plagada de di­ficultades económicas que había heredado lo que le impedía hacer grandes inversiones, se sostenía en el cumplimiento de un plan básico, que si bien podía ser considerado escaso en definitiva resultaba efectivo. Servicios y orden. Punto. Sin em­bargo, de repente algo cambió en la administración municipal y comenzaron las resoluciones polémicas. Y no solo por el carácter de la medida, el alcance o la consecuencia, sino por la forma en que fueron ejecu­tadas, casi siempre bajo un manto de secreto.

Por ejemplo, la dispendiosa política de autorización del espacio público para el desarrollo de negocios por parte de empresas privadas constituye hoy el nudo central de una queja que se ha enraizado entre los ve­cinos y promete transformarse en un movimiento de resistencia social. El otorgamiento de utilización del arroyo Poncho Verde, a orillas del Parque Mitre, para montar una marina privada; la entrega de grandes parcelas de las playas públicas (Malvinas y Arazaty) para la construcciones de paradores (que son moles de cemento que rompen la armonía natural); la futu­ra edificación de un centro de compras (shopping) en medio del balneario Arazaty, forman parte de un pa­quete de medidas tomadas por la Intendencia sin par­ticipación de la comunidad. Lo que está entregado no es suyo, es de la ciudad y los vecinos tiene que tener la oportunidad de participar de esa decisión.

El clima social con la administración municipal, en la que conviven radicales y ma­cristas, no es bueno. Se sintió en la festividad de San Baltasar don­de la gente hizo sentir su bronca por las “privatizaciones”.

Sobre llovido, mojado. Ayer tomó estado público otro desatino de la Intendencia, resolvió perdo­nar a los motociclistas el pago de patente correspondiente al año en curso. Aunque la medida tiene condicionantes, según esté al día o no, el sentido es inequívoco: las motos no pagarán el impuesto au­tomotor.

Esto configura una iniquidad tributaria, que segu­ramente tendrá un impacto en la caja. Y no solo por lo que se deja de percibir sino además porque podría menguar el cumplimiento en otros rubros. ¿Qué vo­luntad de pago tendrá el resto de los propietarios de vehículos que hoy tienen que hacer frente a tributos que aumentaron al doble de su valor?

La exención tributaria a los motociclistas estable­ce un privilegio que se vuelve incordiante frente a las necesidades de recursos que tiene la Municipalidad para atender servicios e infraestructura. Peor aún la medida se vuelve indignante al reparar en la conducta vial de los motociclistas, que son los principales in­fractores en Corrientes. A cambio, la Municipalidad le extiende un perdón impositivo.