Inseguridad y el dilema conceptual

La estremecedora seguidilla de crímenes que se han registrado en la ciudad de Rosario (Santa Fe) en las primeras dos semanas de este año -17 víctimas en 14 días- obligó al Gobierno nacio­nal a tomar cartas en el asunto, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Fréderic, una funcio­naria que goza de pleno respaldo del presidente Alber­to Fernández, pero que hasta el presente ha jalonado su actuación en la cartera con puras polémicas. Medidas artificiosas que tienden a desarmar lo ya establecido y edificar un nuevo orden conforme a lineamientos cuya eficacia, cuanto menos, están en duda. El caso Rosario será una prueba de fuego para la ministra (que es antro­póloga de profesión) y su peculiar cosmovisión de cómo debe ma­niobrar el Estado frente al flagelo de la inseguridad.

De hecho será también un exa­men de alta exigencia para el go­bierno del profesor Fernández, que en este primer mes de gestión ya ha tenido algunos roces con un referente del tema seguridad en su espacio político, el ministro del área en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Pero además, la suerte de Fréderic (es decir Fer­nández) en el manejo del caso Rosario signará también el destino del “compañero” Omar Perotti, flamante gobernador de Santa Fe.

La receta nacional puede no ser eficaz y como mucho los funcionarios del gobierno central tendrán una car­ga que sobrellevar, pero para el gobernador Perotti un fracaso puede ser más pesado. Es que en Rosario, y en todo Santa Fe, la cuenta de la ineficiencia en la seguri­dad se paga con vidas.

El cuadro es complejo, porque la raíz del problema es el narcotráfico, además de la pauperización social que es el terreno apto de cultivo.

La cifra de 17 muertes en dos semanas por supuesto que escandaliza, pero en Santa Fe lamentablemente se han habituado a convivir con el crimen. Por ejemplo a lo largo de 2019 hubo 168 crímenes en Rosario, a razón de una muerte cada dos días. En toda la provincia de Santa Fe el número de asesinatos llegó a 337, casi una muerte diaria. Los datos fueron difundidos reciente­mente por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que realiza un seguimiento en conjunto con el Ministe­rio de Seguridad de la Provincia.

El diario La Capital de Rosario ofreció en esa oportu­nidad un meduloso informe detallando que del total de 337 asesinatos, 168 se perpetraron en Rosario, 102 en la ciudad de Santa Fe y el resto en otros puntos de la pro­vincia, destacándose San Lorenzo que es una ciudad satélite de Rosario con 18 crímenes.

Aunque la estadística espanta, el informe pondera un dato positivo: en 2019 bajó el número de víctimas. Es decir que el cuadro era más grave. En 2018 se registraron 357 crímenes en la pro­vincia. En 2015 hubo 461, y en 2016 hubo 432.

Salta a la vista que el problema es muy serio y requiere de atención especial, no es sólo una cuestión de seguridad aunque sea lo priori­tario. El drama requiere de un tra­tamiento multidisciplinario.

La primera medida que tomó Fréderic (es decir Alberto Fernán­dez) fue reforzar las Fuerzas Fede­rales que tienen asiento en Santa Fe y especialmente en Rosario con la presencia de más gendarmes. La nueva ingeniería comprende 2.200 efectivos de la Gendarme­ría Nacional y unos 700 efectivos de la Policía Federal, además de la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria que harán “operaciones sobre el territo­rio” diseñadas y conducidas por el jefe de la Policía de Santa Fe.

Es lo de rutina, falta lo otro, lo que debe desarrollar­se en paralelo y que involucra a las áreas sociales y a la Justicia. Pero incluso en el plano estrictamente opera­cional, el Gobierno central enfrenta un dilema, que es conceptual y forma parte de las debilidades de la admi­nistración Fernández. ¿Cómo deben actuar los efectivos en un territorio caliente donde el gobierna el plomo?