La prisión preventiva en un Estado constitucional de derecho

El diccionario jurídico de Abeledo Perrot define al instituto de la prisión preventiva como “una medida de seguridad adoptada por la autoridad judicial que entiende en el asunto, a efectos de evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la Justicia. Para ser decretada se necesita la existencia de semiplena prueba de haberse cometido el delito que se le imputa”.

Es de suma importancia destacar que la prisión preventiva es una medida procesal penal que debería recurrirse a ella en última instancia, ya que la utilización de este instituto en forma indiscriminada tiene vicios de inconstitucionalidad porque significa prisión sin condena. Es excepcional, de uso restrictivo, ello obliga a que cuando el juez la aplique debe fundar detalladamente el motivo o la causa que la motiva o provoca, según lo expresa la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Nuestra Corte Suprema de la Nación en el caso Loyo Fraire sostuvo que la mera circunstancia de que se haya dictado sentencia de condena en primera instancia (recurrida) no es fundamento suficiente para mantener la prisión preventiva mientras se resuelven los recursos contra la condena. Afirmó lo siguiente: “(...) Se dictó sentencia de condena que, aunque no se encuentre firme, constituye una decisión sobre el fondo, que, como tal goza de una presunción de acierto que incide desfavorablemente en cuanto al riesgo de fuga. Sin embargo estimo que ese pronunciamiento, aun así, no priva de significación a aquella omisión del a quo, desde que el encarcelamiento no deja de ser cautelar, y entonces la decisión debe contener la motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los requisitos impuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el de necesidad, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto (...)”.

No cabe duda que sería más apropiado apelar a otras medidas alternativas, ya sea la imposición de una restricción absoluta de contacto con determinada persona, la obligación de presentarse periódicamente ante el patronato de liberados, fiscalía actuante o juez competente, o ya sea incluso la imposición de un arresto domiciliario, sin embargo de manera mecánica y automática se apela a este mecanismo que es una “pena sin sanción”.

La Convención Americana de Derechos Humanos (Cadh) dispone que sólo corresponde cuando las demás medidas anteriormente mencionadas u otras oportunas fueran insuficientes, para asegurar los fines del procedimiento penal. Así también lo estableció la misma Cidh, sentando precedente en el fallo de Romero Feris.

El 15 de octubre de 2019 la Corte Interamericana dictó una sentencia, mediante la cual declaró que el Estado de Argentina era responsable de la vulneración a la libertad personal (artículo 7 de la Convención Americana) y a la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención Americana) por la detención ilegal y arbitraria en perjuicio de Raúl Rolando Romero Feris.

A su vez, el Tribunal encontró que el Estado no había vulnerado el derecho a la protección judicial en el marco de cuatro causas penales seguidas en su contra; declarando así por unanimidad, que el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y al derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 del mismo instrumento, en relación con la obligación de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio del señor Romero Feris. Tal situación dista de repararse en la actualidad.

Necesidad de adecuar el uso del instituto: debemos tener en cuenta que su uso discrecional, y hasta arbitrario, genera una menor independencia del Poder Judicial, como también su uso selectivo (ad personam) genera una politización de la Justicia; como lo he mencionado anteriormente su aplicación automática y mecánica, instrumental y orgánica, demuestra una organización del Poder Judicial deficiente, con falta de política criminal, morosidad por legislación de naturaleza inquisitiva, ausencia de política de reinserción social, inexistencia de política de derechos sociales, económicos y culturales.

Por otro lado, también podemos observar a claras luces que el uso sistemático, arbitrario de la prisión preventiva incide en la sobrepoblación de cárceles.

El último informe estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) dice que más de la mitad de las personas presas en Argentina, no tienen condena firme.

En el tercer trimestre de 2019, el sistema Penitenciario alojó a 14.251 personas, aumentando 16% la sobrepoblación.

La prisión preventiva como termómetro del Estado de Derecho: en todo estado constitucional de derecho existe una tensión entre mayores derechos y libertades para los ciudadanos y la restricción del Estado sobre éstos so pretexto del orden y seguridad, que son necesarios, mas no debe ser la excusa para restringir, o peor aún, limitar hasta dejar sin fundamento el Estado de Derecho.

Mayor libertad, mejor Estado de Derecho; más restricciones y sin fundamentos, nos transformamos en un Estado policíaco.

Es menester expresar que frente a los derechos y garantías fundamentales asegurados por la CN y la Cadh, debemos reflexionar sobre el siguiente teorema que hace referencia a la prisión preventiva como termómetro del Estado de Derecho:

1º- A mayor uso de la prisión preventiva, mayor distancia estructural entre Estado de Derecho formal y Estado de Derecho material.

2º- A mayor uso de la prisión preventiva sobre sectores vulnerables, menor satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.

3º- A mayor influencia del sector político o de los medios de comunicación masivos, mayor uso político discrecional y arbitrario de la prisión preventiva, pues se usa para perseguir por la Justicia a opositores políticos.

4º- Cuando la prisión preventiva se aplica de manera automática, conforme la supuesta gravedad del delito o la supuesta reincidencia de la persona, mayor ubicación del sistema penal en el modelo inquisitivo, y menor posibilidad de defensa en juicio.

5º- El mecanismo del uso de la prisión preventiva devela la morosidad y falta de eficiencia judicial.

6º- La frecuencia en la utilización de la prisión preventiva determina la intensidad en la aplicación del derecho sancionador. Menor prisión preventiva, mayor compromiso en el derecho penal mínimo (mínimo coactivo) y mayor esfera de libertad.

Los datos hablan por sí solos. Peor aún, en determinadas provincias todavía no se aplican ni satisfacen las garantías constitucionales y convencionales que obligan los art. 18, 43 y 75 inc.22 de la Constitución nacional, adviértase que, en otro caso paradigmático “Gorigoitia vs. Argentina” (2/9/19) fue sancionado nuestro país por no garantizar las garantías judiciales (art. 8 Cadh) en particular el derecho al recurso ya que la Justicia no revisa a fondo las decisiones de los tribunales inferiores con la intensidad que implica el mandato convencional adoptado plenamente por nuestro país.

En menos de dos meses dos casos paradigmáticos nos ilustran que las garantías judiciales no tienen el reconocimiento que obliga la Convención Americana de los Derechos Humanos, y obliga a la Argentina a reparar esta situación, hay que empezar a explicar que la prisión preventiva, como sanción sin condena, por la situación de injusticia que conlleva su aplicación merece y necesita una discusión sin otra pasión que nos impida consagrar un verdadero Estado Constitucional de Derecho. 

(*) Abogada. María Carolina Borchichi
DNI 29220822
Mat N. :I 8377 Corrientes
Mat N.: 5359 Chaco
Mat Federal Tomo 116 Folio 665

Ex coordinadora de la Comisión de Juicios por Jurados del Ministerio de Gobierno del Chaco.

El 10 de diciembre de 2019, en sintonía con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) divulgó la sentencia que condena al Estado argentino por los desaguisados de la Justicia correntina en las causas contra Raúl “Tato” Romero Feris.