La solidaridad bien entendida

El Gobierno central suspendió la aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que fue aprobado por ley del Congreso de la Nación en mayo del año pasa­do y que buscaba incentivar las actividades produc­tivas basadas en el uso intensivo de la tecnología y la digitalización de la información. A la luz de la crisis que atraviesa el país, con el motor productivo parali­zado, la medida adoptada por la Casa Rosada no pare­ce la más aconsejable. Asoma como un retroceso que dinamita el camino de la recuperación especialmente en sectores que, bien asistidos, pueden ser muy diná­micos en la generación de nuevos puestos de trabajo y abrir puertas al mundo a través de la exportación de bienes y ser­vicios. Sin embargo la otra cara de la moneda, que justifica la resolución oficial, tiene también valor y debe ser considerada. El Régimen tal como estaba con­templado suponía un subsidio que desbalanceaba, una vez más, el esfuerzo del Estado eximiendo a los beneficiarios de la cuota de “solaridad” (término de moda) que se necesita en este tiempo.

El primer concepto que debe ser claro -hoy y siempre- es que cada vez que se invoca al Estado, se involucra a todos los habitantes del territorio sin distingos. Cualquier ciudadano (o empresa), en tanto contribuyente, es parte del Estado. De tal modo que cada vez que un go­bernante de turno, aquí o allá, se decide por fijar un subsidio a determinado sector o actividad, está otor­gando un beneficio económico que no sale de su bol­sillo sino de la renta que se constituye entre los que hacen (hacemos) el Estado.

Ahora bien, uno de los problemas más serios que tiene el país es que la clase dirigente (los políticos) han distorsionado el espíritu de los subsidios. Con el abu­so deformaron un instrumento que correctamente aplicado puede subsanar (temporalmente) deficien­cias, o fomentar actividades y potenciar capacidades.

En el caso del Régimen de Promoción de la Eco­nomía del Conocimiento (Ley 27.506), lo que estaba pensado como un aliciente para desarrollar un sector clave de gran expansión en el mundo se convirtió en un factor desequilibrante a favor de las grandes cor­poraciones. Por conducto de esta “promoción”, gigan­tes del comercio como Mercado Libre, Accenture, IBM y Globant recibían beneficios fiscales e impositivos. Y no es que no cumplieran los requisitos establecidos, todo lo contrario, se ajustaban a lo preceptuado por la legislación; sucede que el régimen era tan bondadoso que les permitía a los de mayor poderío sacar prove­cho de un instrumento ideado -presuntamente- para otro objetivo.

Esto obliga a repensar, una vez más, el sentido de las políticas de subsidio. ¿A quién, cuándo y por qué subsidiar un emprendimien­to? En la Argentina el debate está pendiente, los dirigentes se ha­cen los distraídos con el tema (así pueden seguir repartiendo discre­cionalmente según intereses po­líticos) y el común de la gente no termina de asimilar el daño que significa el exceso del asistencia­lismo. Más perversos aún, aque­llos que sí tienen conciencia de lo perjudicial que resulta un Estado populista, hacen silencio porque tal vez en algún momento les toque una rebanada de la gran torta del subsidio.

Es por ello que adquiere relevancia la pulseada mediática que en las últimas horas tuvieron el diri­gente social Juan Grabois y el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín. El primero festejó la suspensión del Régimen porque sostiene que es un beneficio para las grandes corporaciones, y el segundo le salió al cruce defendiendo el desarrollo alcanzado por el sector, con generación de empleo.

Las dos posturas parecen válidas, sin embargo el interrogante que demanda una respuesta concreta es: ¿quién debe recibir subsidio, si es que puede haber subsidio en este momento en la Argentina?