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El Paso, con costanera vallada y un policía cada 900 turistas

EL INTENDENTE LO DISPUSO TRAS UN RE­VÉS EN EL CONCEJO. DIJO QUE AGENTES MUNICIPALES CONTROLAN QUE NO INGRE­SEN CON BOTELLAS DE VIDRIO

Patria amaneció ayer vallada y con un puesto de control municipal. A tres semanas de haberse inicia­do la temporada de verano, con dos turistas muertos (por otro) y al menos dos trifulcas callejeras de mag­nitud (con participación de locales y foráneos contra la Policía), la Intendencia lo dispuso el viernes a la noche después de un re­vés durante la sesión ex­traordinaria del Concejo Deliberante. “Es para po­der controlar el ingreso de botellas de vidrio”, explicó el jefe comunal, Guillermo Osnaghi, quien pretendía convertir esa zona de la vi­lla turística en peatonal con el objetivo de aumentar la seguridad y regular el con­sumo de bebidas alcohóli­cas en esa zona.

Osnaghi, consultado por NORTE de Corrientes, dijo que el operativo consiste en una inspección previa al in­greso a la costa para detec­ción de este tipo de envases más allá de su contenido. “No importa si es una bo­tella de cerveza o de gaseo­sa, primero se vierte lo que tenga dentro y después se procede a la destrucción de la botella”, aseguró. La medida va en sintonía con la adoptada en Villa Gesell después del asesinato de Fran­cisco Báez Sosa, pero más flexible y sin intervención policial. El Paso recibió 46.000 visitantes el fin de semana anterior, lo que supone la presencia de un policía cada 920 turistas ya que según voceros de la fuerza hay 50 efectivos cumpliendo funciones allí.

En plena temporada, la puja política, la tragedia so­cial y la pesquisa policial-judicial se entrecruzan: Paso de la Patria es el ejem­plo correntino más notorio, aunque no ha sido el único (en Navidad había sido Es­quina). Las gestiones gu­bernamentales de El Paso y Villa Gesell -a nivel na­cional- adoptaron medidas posteriores a los impactan­tes homicidios de turistas. En esta provincia han sido las muertes de Abel Enrí­quez, de 78 años, y su nieto Nahuel, de 4, quienes llega­ron junto a otros familiares de Rosario (Santa Fe) para pasar el verano en el Paraná y terminaron atropellados por una camioneta condu­cida por una persona en es­tado de ebriedad: Marcelo Rodríguez, domiciliado en Charata (Chaco). Otra se­mejanza: los diez rugbiers acusados de matar al joven Báez Sosa, también eran veraneantes (ver página 19).

“Con todos los antece­dentes de las tres semanas anteriores hemos decidido tomar esta medida a pesar de que el Concejo no aprobó el cerramiento del acceso vehicular. Nuestra idea era hacer peatonal solamente toda la zona de la Costane­ra. Sólo cuatro concejales no aprobaron, no es que todo el Concejo no aprobó”, expresó Osnaghi en un co­municado oficial en forma­to de video, difundido ayer por Facebook. El titular del Ejecutivo había enviado al Legislativo comunal el pro­yecto de ordenanza, el cual fue tratado y rechazado el viernes a la noche. Tam­bién presentó un proyecto para la compra de dos mo­tocicletas y una camioneta (usada), esta última para reemplazar a la que tiene el Municipio, que está ave­riada. “Es un vehículo que estaba todos los días en la calle; lo usan la Dirección de Obras Públicas y la Di­rección de Tránsito”, recal­có, y pidió disculpas por las demoras en la reparación del alumbrado público.

 “El cierre de la costanera para convertirla en peatonal va a perjudicar a los para­dores y bares de la zona, y a los turistas que se verían privados de poder disfrutar de nuestra costanera, no to­dos, pero la mayoría ya que se hubiese podido ingresar a pie pero dejando el móvil a una distancia considerable y totalmente expuesto a actos vandálicos ya que a ciertas horas no hay ningún tipo de seguridad”, argumentó el concejal Diego Romero, uno de los cuatro ediles que se opuso al proyecto de or­denanza enviado por el in­tendente Osnaghi. Romero manifestó que el viernes a la noche “recién se aplicó el primer procedimiento que podría llamarse efectivo respaldado por ordenanzas ya existentes de larga data, sobre cómo se debe proce­der en cuanto a controles y que no se venían aplican­do”. “Esto se debería haber hablado con previsión, en septiembre, y no mitad de la temporada”, recalcó.

Respecto a la compra de la camioneta, cuyo proyec­to no fue rechazado sino enviado a comisión, el con­cejal opositor arguyó: “Hay que analizar el tema, pre­cios y ofertas, que no venían acompañando el pedido. No puedo aprobar algo que no se sabe cuánto sale”.

Más allá de las diferen­cias, tanto Osnaghi como Romero, y otros vecinos de El Paso, coincidieron en que el resultado fue positi­vo, al menos en su primera noche de implementación. Al cierre de esta edición no se reportaron incidentes de relevancia, salvo un con­ductor que terminó con el automóvil en una zanja. “El alcoholímetro arrojó 1,68 gramos, tres veces más de lo permitido”, precisó un in­formante.

La Policía de Corrientes no informó ningún episodio de relevancia donde se tu­viera que recurrir al uso de la fuerza. En Paso de la Pa­tria hay una comisaría y un destacamento (inaugurado en octubre del año pasado en el barrio Los Pescadores). Según voceros de la insti­tución, medio centenar de agentes cumple funciones permanentes en esas sedes. “No todos hacen patrullajes, hay una parte que está abo­cada a funciones adminis­trativas”, aclararon.

La proporción actual es 70% en la calle 30% en la oficina. Sin embargo hay un refuerzo -estipulado desde la superioridad- tanto de la Unidad Regional I (con sede en San Luis del Palmar) como del Grupo Táctico Operacional (GTO), estos úl­timos brindan apoyo sobre todo en los fines de semana. Esto da una relación de que hay un agente por cada 900 turistas, sin considerar que El Paso tiene cerca de 7.000 habitantes.