Abusos sexuales en la niñez: la obligación de denunciar

 El abuso sexual infantil es una realidad que convive con nosotros cotidianamen­te. Muchos son los niños y niñas en nuestro país afecta­dos por este grave problema, ya sea dentro de su núcleo familiar o fuera de él. Como sociedad tenemos la obliga­ción de hacer frente a esta realidad, comprometién­donos y formándonos en un marco de protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que salvaguarde su integridad emocional, física y social. 

Una de las definiciones más completas del abuso sexual infantil es la elabo­rada por el National Center of Child Abuse and Neglect (Nccan). Según esta agen­cia federal norteamericana, comprende “los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adul­to (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra per­sona. El abuso sexual tam­bién puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es signi­ficativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando (el agresor) está en una po­sición de poder o control so­bre otro menor”. Los abusos sexuales se definen a partir de dos grandes conceptos: el de coerción y el de la dife­rencia de edad entre agresor y víctima.

El abuso sexual contra los NNyA es una de las peo­res formas de violencia. Las víctimas sufren un daño irreparable a su integridad física, psí­quica y moral. Se daña su derecho a la integri­dad, la intimidad, la pri­vacidad, y principalmente, se vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explo­tación o malos tratos. Estos derechos se encuentran protegidos a nivel interna­cional por la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo la Corte IDH afir­ma: “Los Estados deben adoptar, en el marco del aca­tamiento del artículo 19 de la Convención Americana, medidas particularizadas y especiales en casos donde la víctima es una niña, niño o adolescente, sobre todo ante la ocurrencia de un acto de violencia sexual y, más aún, en casos de viola­ción sexual”.

En nuestro país, se en­cuentra determinado por la C.N., especialmente luego de la reforma de 1994 que por el art. 75 -Inc. 22 in­corporó las declaraciones, convenciones y pactos com­plementarios de derechos y garantías, que adquieren así jerarquía constitucional, entre ellos la Convención de los Derechos de los Niños. A nivel nacional y provincial, en diversas normas, entre las que se destaca la Ley Na­cional 26.061 de Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes.

Debemos dar especial importancia de la obligato­riedad de la denuncia. El Se­nado de la Nación convirtió en ley en el mes de octubre de 2018, la modificación del artículo 72 del Código Penal, a partir de ahora el Abuso Sexual Infantil (ASI) ya no es un delito de instancia pri­vada en el país, sino de ins­tancia pública, es decir que cualquier ciudadano puede realizar la denuncia corres­pondiente si conoce el hecho de que un menor de 18 años es víctima de abuso sexual y el Poder Judicial está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no hayan sido ratificados por los tutores del niño, niña o adolescente.

Este cambio sustancial, la determinación del deli­to sexual infantil como de instancia pública es una he­rramienta clave para poder avanzar en la lucha contra esta problemática.

Antes, la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratificara la denuncia terminaba siendo un obstáculo, ahora el delito sexual pasa a ser investiga­do de oficio, sea denunciado por un vecino, un familiar, maestro, etc.; esto consti­tuye un adelanto enorme, pues hay un número negro de hechos por los cuales los perpetradores en muchas ocasiones eran los habilita­dos para instar la acción, lo que garantizaba impunidad para que haya justicia.

La dimensión y gravedad de esta forma de violencia ejercida contra la infancia vuelven sumamente rele­vante el diseño de políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos y la identificación de las víctimas de abuso se­xual. Asimismo, son necesa­rias campañas de sensibili­zación dirigidas tanto a los niños, niñas y adolescentes como a los adultos que se desempeñan en los sistemas de protección de derechos, salud, educación, policía, justicia, y a la sociedad en general.

Sin detección no es posi­ble implementar medidas de protección, ni brindar trata­miento para las víctimas y sus familias.

Debemos tener en cuen­ta que además del cambio legislativo, se requiere un cambio cultural, para que dentro de unos pocos años podamos decir que la situa­ción se ha transformado y que queden sólo situaciones marginales. Esto es un tra­bajo que debemos realizar entre todos.