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ASESINADO POR RUGBIERS EN VILLA GESELL

Evalúan si la muerte de Fernando fue un homicidio “por placer”

Uno de los querellantes consideró que la figura es aplicable si se acre­dita que los imputados grabaron el ataque y luego difundieron el video.

 Uno de los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa aseguró ayer, en Villa Gesell, que pedirán que se sume el agravante de “ho­micidio por placer” a la acu­sación que pesa contra los diez rugbiers detenidos por el crimen, si se confirma en la causa que alguno de ellos grabó un video del ataque.

Por su parte, el remero Pa­blo Ventura, de 21 años, fue sobreseído. 

Fabián Améndola, quien encabeza junto a Fernando Burlando la representación de los padres de Báez Sosa -de 19 años y asesinado el 18 de enero último frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell-, dijo que de existir ese tipo de imágenes, junto a “mensajes” y “algunas ex­presiones hacia la víctima”, ya a referidas por los testi­gos, es “muy probable que configure este agravante”.

“Evaluamos si estos nue­vos elementos alcanzan para imputar, además de lo que nosotros consideramos que debe ser imputado, que es la alevosía, una cuestión de placer. Porque el hecho del filmar el momento del homicidio y regodearse de esta situación y pasarlo a otras personas vinculadas a través de sus grupos de WhatsApp, configura este agravante de homicidio por placer”, explicó.

Los diez rugbiers fueron imputados por la fiscalía por el delito de “homicidio premeditado con el con­curso de dos o más perso­nas”. Máximo Thomsen, de 20 años, y Ciro Pertossi, de 19, fueron acusados como coautores por la fiscal Veró­nica Zamboni, mientras que Lucas y Luciano Pertossi, ambos de 18 años, Matías Benicelli, de 20, Alejo Mi­lanesi, de 20, Juan Pedro Guarino, de 19, Enzo Come­lli, de 19, Blas Cinalli, de 18 y Ayrton Viollaz, de 20, son considerados “partícipes necesarios”. No obstante, con la actual calificación, de todos modos, podrían reci­bir perpetua. 

El informe realizado por la Policía Federal Argenti­na, tras la extracción de casi cinco terabytes de datos de los celulares, “permanece en un sobre cerrado” en la fiscalía y no fue incorporado formalmente a la causa.