El salario bajo la línea de pobreza
En noviembre del año pasado, cuando se produjo la última actualización, el salario mínimo, vital y móvil (Smnv) quedó en $16.871 para los trabajadores mensualizados, y además se fijó un valor de $84,37 la hora para los jornalizados. Al cambio de hoy representa aproximadamente 200 dólares, cotización oficial más el recargo solidario de 30%. En teoría el salario mínimo es sólo una referencia, el parámetro que debería gobernar las relaciones laborales, pero que no se cumple. Y está bien que así sea. Sucede que en algunos casos el incumplimiento resulta beneficioso, aunque hay muchos trabajadores y jubilados a lo largo y ancho del país que ni siquiera llegan a esta cifra de referencia. También hay un incumplimiento y en este caso deviene en una vergonzosa injusticia.
El hecho es que la cifra del salario mínimo, vital y móvil no responde, ni cerca, a la necesidad que tiene un jefe de familia. Según la última evaluación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para no caer en la pobreza una familia tipo (de cuatro integrantes, los padres y dos hijos) necesita de $38.960 mensuales. Está claro que con un salario mínimo no alcanza.
Si ambos cónyuges perciben el salario mínimo, el ingreso familiar rondaría los $ 33.000, casi 5.000 pesos por debajo del valor de la línea de pobreza. Por definición legal, el salario mínimo debería superar el valor de la canasta familiar de pobreza.
La ley de Contrato de Trabajo le asigna tres características al salario mínimo, vital y móvil. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Y debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida.
Es evidente, y desde hace mucho tiempo, que el salario mínimo no cumple esas funciones e incide sobre un amplio número de trabajadores no registrados o informales que toman por referencia ese parámetro. Además, impacta en convenios de trabajo con ingresos aún más bajos, como pasa entre empleados provinciales, en trabajadores formales que están fuera de convenio y sobre beneficiarios de planes sociales, que perciben la mitad del salario mínimo. Esto último es merecedor de una discusión aparte por el carácter asistencial de la remuneración, no así el de los trabajadores o los jubilados.
Por ejemplo, la mínima de los jubilados nacionales es de $15.991. Eso cobrarán este mes, a partir del día 10. Son casi la mitad de la plantilla total de pasivos nacionales, aproximadamente unas 2,8 millones de personas. No solo están por debajo del salario mínimo, vital y móvil sino que están lejos del límite que fijó el Indec para evitar la pobreza. Dicho de otra forma, son 2,8 millones de pobres.
Otro ejemplo de la vidriosa aplicación del parámetro salarial es la provincia de Corrientes. Aquí la escala de los estatales arranca atrás de los $16.875 que fija el salario mínimo, vital y móvil (Smnv), en el heterogéneo universo de empleados públicos hay gente en todos los escalones. Como referencia sirve señalar que el cronograma de pagos correspondiente a enero comenzó con los que cobran hasta $21.250 entre los activos y $19.350 los jubilados.
Este diario intentó sin éxito precisar cuántos, dentro de este segmento, están arriba del Smnv. Algunas versiones (oficiosas) refieren a casos de agentes que cobran entre $11.000 y $14.000. El hecho incontrastable es que todos están dentro de la línea de pobreza. Este cuadro se extiende a otras provincias, no es exclusivo del Taraguí. El problema no es nuevo y reclama una solución, pero el tema no está en la agenda del gobierno de Alberto Fernández