La Cámara Federal ordenó a obra social dar cobertura a nena autista
Confirmó un fallo de primera instancia, pero además amplió la cobertura. En la resolución dicen que es un caso de derechos humanos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, con la firma de las juezas Lucrecia Rojas de Badaró y Selva Angélica Spessot, ordenó a la filial local de una obra social el cumplimiento de un fallo de primera instancia que había ordenado la cobertura integral para una paciente menor de edad con Trastorno del Espectro Autista. La familia había demandado por incumplimiento de sentencia a la empresa, ya que a pesar del mencionado fallo, Osmédica no reconocía la totalidad del costo de los honorarios de un médico especialista que se encontraba por fuera de su cartilla, y a quien la paciente había llegado por la derivación efectuada por una de las médicas con que la atendía en Corrientes.
La causa se inició el año pasado. En una resolución del 31 de julio de 2019, el juez de grado hizo lugar a una acción de amparo promovida por los padres de la menor, y ordenó a la obra social Osmédica que brinde “en forma continua e ininterrumpida una cobertura integral de las prestaciones de rehabilitación, educativas y de traslado que determinen los profesionales médicos y terapéuticos tratantes de la menor”. Meses después, la familia denunció que la referida empresa no instrumentaba “la cobertura integral necesaria para proteger, prevenir y evitar que el estado de la salud de la menor D.B.O se deteriore, especialmente atento a su minoridad y patología”, como lo había señalado el magistrado de primera instancia, por lo que interpuso una demanda por incumplimiento de sentencia.
Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, el juez entendió que no existía incumplimiento alguno, ya que la mencionada obra social se hizo cargo de la suma de $800 por cada consulta con el referido especialista. El argumento fue que estos son los honorarios que la firma abona a cualquier profesional que no esté en su cartilla de prestadores. Tal decisión motivó un recurso de apelación.
La fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Gabriela López Breard, requirió en enero que se haga lugar al recurso de apelación de la familia y señaló una contradicción entre ambas resoluciones. Sostuvo además que la situación ya había sido resuelta con la autorización de la cobertura integral de lo reclamado.
Sobre esta situación se expidió también el defensor oficial ante la Cámara Federal, en su calidad de Asesor de Menores, quien justificó el reclamo y consideró que no existen motivos para que Osmédica niegue el reintegro. Asimismo, el defensor solicitó que se releguen las razones burocráticas “que puedan entorpecer el acceso a la prestaciones, sobre todo cuando está en juego la vida y la salud de la persona, y no hay justificación suficiente para dilaciones”.
Al resolver la cuestión la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, las juezas hicieron lugar al pedido de la damnificada y señalaron, entre otros aspectos, que en el caso bajo análisis se está “en presencia de derechos humanos que trascienden el derecho positivo, y más aún porque la amparista justificó reclamos puntuales de cobertura de acuerdo a lo peticionado por sus médicos tratantes”.