Aborto: más celestes que verdes en el bloque correntino

 El debate por la legaliza­ción del aborto volverá a darse este año. El presiden­te Alberto Fernández anun­ciaría formalmente el envío del proyecto el 1 de marzo, en su primer discurso de apertura de sesiones, y a pesar de que en general, los que están a favor cuentan con una ventaja numérica inicial, deberán trabajar para consolidar el apoyo. 

Si el proyecto de Inte­rrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se tratara hoy en el recinto de la Cá­mara baja, habría al menos 111 votos a favor y 102 en contra, a los que hay que sumar 9 diputados que no tomaron partido -algunos de los cuales proponen una consulta popular- y 31 que no se pronunciaron públi­camente. Son 40 incógni­tas, según un relevamiento realizado por un portal de noticias Parlamentario.com.

Entre los representantes correntinos son más los que están en contra del pro­yecto de legalizar la prác­tica. Votarían a favor José Ruíz Aragón, Nancy Sand y Sofía Brambilla, mientras que en contra votarían In­grid Jetter, Estela Regidor, Jorge Vara y Jorge Romero. 

Será la primera vez que un gobierno mande una norma propia sobre el tema al Congreso, lo cual es un dato clave a la hora de pen­sar en su aprobación, ya que se espera un involu­cramiento de importantes funcionarios a favor de la medida. El gabinete es casi en su totalidad “verde”.

En 2018, en una noche llena de intrigas y nego­ciaciones, el “sí” ganó 129 a 125. Pero este año, con la victoria del Frente de Todos, que también tiene mayoría en esta Cámara, la victoria sería más holga­da. En Senadores, hace dos años la votación salió 38 a 31. El recambio que hubo en 2019 favoreció a quienes es­tán a favor, estaría 35 a 34, con tres indecisos, pero aún no alcanzaría.

Si bien no trascendieron detalles de cómo será, la idea del cuerpo redactor es mantener los consensos logrados en el 2018. Esto incluiría la posibilidad de abortar hasta la semana 14 -está en discusión si bajarlo a 12- con la excepción de los casos previstos en el Código Penal, que permiten llevar a cabo la práctica más allá de este plazo. Esto es, cuando corre riesgo la vida o la sa­lud de la persona gestante o en caso de violación.

El otro proyecto, comple­mentario a la IVE, será de “maternidad sustentable”. Aquí también trabaja el Mi­nisterio de Desarrollo So­cial de Daniel Arroyo. Este contemplará la asistencia del Estado a mujeres em­barazadas durante todo el proceso y posteriormente para que tengan un acom­pañamiento cuando nazca el bebé. El objetivo es que las mujeres de menor nivel socioeconómico no deban recurrir al aborto por no poder afrontar los gastos de un embarazo y crianza.

Esta iniciativa va en sin­tonía con la idea de Fernán­dez sobre que el aborto está 100% ligado a la salud. Por eso, cuando ratificó en París que enviaría la ley agregó que “permitirá la atención en cualquier centro públi­co”.

“En la Argentina el abor­to es un delito. Es un ex­traño delito porque casi nunca se condena a una mujer por aborto, pero sabemos que los abortos existen”, dijo, y agregó: “¿Cuál es el problema de que exista un delito de aborto? El problema es que todo aborto se vuelve clandestino y, en la clan­destinidad, el riesgo de vida y de salud de la mujer se po­tencia”, dijo el Presidente al responder preguntas de estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París, donde brindó una confe­rencia magistral en el mar­co de su gira por Europa.