La responsabilidad de escolarizar
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dispuso, a principio de esta semana, que para el cobro de la asignación por ayuda escolar anual, que perciben quienes tienen hijos de entre 4 y 17 años, no será obligatoria la presentación del certificado de escolaridad tal como era costumbre. Los padres estaban obligados a cumplir con ese requisito antes de marzo para recibir el beneficio este año, pero ahora ya no será necesario, al menos no por el momento. Según el organismo, en una segunda explicación que dio a la polémica medida que adoptó, se trata de una flexibilización para permitir que el beneficio sea masivo en virtud de la crisis económica que envuelve al país. Aclaró, por si hacía falta, que el diferimiento de los plazos del mencionado trámite hasta el último día de 2020 “no exime de la obligatoriedad de concurrencia a la escuela”.
Ayer, en un intento por frenar la polémica que se desató con esta peculiar decisión, el presidente de la Anses, Alejandro Vanoli, salió a aclarar: “No eliminamos el requisito de presentación del Certificado de Escolaridad para el cobro de la Ayuda Escolar sino que prorrogamos su presentación hasta diciembre de este año”. Sucede que el gobierno anterior (el de Mauricio Macri) había dispuesto en agosto del año pasado que el Certificado de Escolaridad 2019 debía estar presentado en el circuito administrativo como último plazo para el mes de marzo so pena de perder la asistencia. Era una manera, coercitiva, de imponer la escolaridad a los chicos, especialmente de familias humildes que reciben ayuda permanente del Estado.
La nueva Anses, en manos del kirchnerismo, borró esa obligación. Así las cosas, los padres y tutores no estarán compelidos a tener que demostrar primero que sus chicos fueron a la escuela el año pasado (cuyo beneficio ya cobraron) y además tampoco tendrán que justificar la asistencia en el ciclo lectivo que está próximo a iniciarse. Igual recibirán la ayuda este año.
El Certificado de Escolaridad exigido no impone condiciones de rendimiento, únicamente funciona como reaseguro de presencia en el sistema educativo. La asignación por Ayuda Escolar Anual consiste en el pago de una suma de dinero que se hace efectiva en marzo de cada año, y se abona por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza básica y polimodal o bien, cualquiera sea su edad, si concurre a establecimientos oficiales o privados donde se imparta educación diferencial. Según estadísticas de la Anses, alrededor de 6,3 millones de familias en todo el país perciben la asignación.
El objetivo del programa es fomentar la escolaridad y para ello el Estado brinda una ayuda económica a los que cumplen. El dinero no es mucho, pero todo sirve cuando hay niños/adolescentes que van a la escuela regularmente. Así fue concebido el beneficio y de esa manera se aplicó hasta estos días. Sin embargo, soplan nuevos vientos de populismo por estas latitudes.
La medida de la Anses, aunque corregida sobre la marcha, desbarató un principio de responsabilidad que ligaba a las familias, puntualmente a los padres, con el Estado en la tarea de fomentar la escolaridad, antes se decía “instrucción”. Tiempos viejos aquellos en el que los padres se preocupaban por hacer que sus hijos vayan a la escuela, como podían, con lo que tenían, sin esperar de la ayuda del Estado. Hoy son las autoridades las que complacen la indolencia.
En este marco la medida que adoptó en su momento el gobierno de Cambiemos constituía una regla justa para evitar los desvíos. Respetaba el ideal de asistencia para la superación.
No se trata de quitar beneficios, sino de asegurar oportunidades a través de los conductos que dispone el Estado. Es la mejor expresión de la justicia social, que no tiene nada que ver con el populismo.