Las jubilaciones especiales
El Gobierno Nacional envió anoche al Congreso -y entró por la Cámara de Diputados- el proyecto de ley para modificar el régimen de jubilaciones especiales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y de los integrantes del Servicio Exterior, un compromiso que asumió el presidente Alberto Fernández en medio del (primer) tropezón político que tuvo cuando se estaba debatiendo la Ley de Emergencia, que le concedió poderes especiales.
Aquella vez el mandatario borró del texto original las modificaciones al régimen especial y quedó en falsa escuadra entonces prometió enviar un proyecto aparte. Ahora lo hizo.
A través de la iniciativa, se modifican las leyes 24.018 que abarca a integrantes de la Justicia Nacional, Fiscalía de Investigaciones y también del Ministerio Público, y la 22.731 que comprende a funcionarios de sedes diplomáticas y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la iniciativa se especifica que en el régimen correspondiente al Poder Judicial, existen 17.600 funcionarios y magistrados en actividad que aportan en promedio $32.600 mensuales. En tanto que 7.000 son los beneficiarios, que perciben un haber medio jubilatorio de $289.000, excluidas las pensiones.
La jubilación ordinaria de mayor cuantía abonada es de $770.100, lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), establecido en $14.068 (sin el aumento anunciado ayer); y más de 7 veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a $103.064.
El colectivo correspondiente al Servicio Exterior está comprendido por casi 1.100 funcionarios que aportan en promedio $39.000 por mes y por poco más de 700 beneficiarios que perciben mensualmente un haber medio jubilatorio de $396.000, sin considerar las pensiones.
La jubilación ordinaria de mayor cuantía abonada es de $616.476, lo que equivale a 44 veces el haber mínimo garantizado Sipa; y a 6 veces el haber máximo de dicho sistema.
En el mensaje enviado al Parlamento, el Ejecutivo sostuvo que el propósito es “fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando, al mismo tiempo, la sustentabilidad económica, financiera y actuarial del mismo en el largo plazo