Jubilaciones bajo línea de pobreza

El viernes el presidente Alberto Fernández enca­bezó el acto para anunciar que los haberes mí­nimos de jubilados y pensionados aumentarán un 13% a partir de marzo. Ese porcentaje surge de una fórmula inventada por el gobierno del Frente de Todos que ha combinado una suma fija de $1.500 más un 2,3%, entonces los que están en la base de la escala reciben la mejor recomposición en términos porcen­tuales. El resto de los jubilados, los que están arriba del piso, tendrán un aumento menor ya que el porcentaje se va reduciendo de manera inversamente proporcio­nal para los salarios más altos. Con este mecanismo se acható la escala y la Casa Rosada hará un ahorro fiscal significativo simulando una dis­tribución con “justicia social”. 
Nada de todo lo operado en ma­teria previsional hasta ahora por la gestión del profesor Fernández es tan bueno como intenta vender el oficialismo ni tan malo como pretende mostrar la oposición. El esquema tiene luces y sombras, como casi todo en la Argentina producto del desarreglo estructu­ral que existe en el país.
La realidad inconmovible es que los jubilados, de la mínima, cobran una miseria. Y son pobres, según la calificación que establece el Instituto Nacional del Estadísticas y Censos (Indec). No hay porcentaje que revierta esta condición, ni el 11,56% que garantizaba la fórmula de movilidad que se aplicaba con Mauricio Ma­cri, ni el 13% que anunció Alberto Fernández.
Prueba irrefutable: el salario mínimo de un jubila­do es de $14.068 (lo que cobró en febrero) y pasará a $15.892 (a partir de marzo). 
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (Smvm) que rige para los trabajadores activos es de $16.871. Lo fijó el Consejo Nacional del Salario en el segundo semestre del año pa­sado y todavía está vigente. Un jubilado nacional, que cobra la mínima, no llega.
Para el Indec una familia tipo (cuatro integrantes, los padres y dos hijos) necesita aproximadamente $38.960 mensuales para no caer en la pobreza. Está claro que con un salario mínimo no alcanza. Ergo, los trabajado­res activos no llegan. Con una jubilación mínima (in­cluido el aumento del 13%) tampoco alcanza, es decir que los abuelos están peor.
En un hipotético caso de que ambos cónyuges -tra­bajadores activos- perciban el salario mínimo, el ingre­so familiar rondaría los $33.000, así y todo les faltaría 5.000 pesos para zafar de la pobreza.
Otra hipótesis, en el supuesto de que una pareja de jubilados perciba (cada uno) la mínima, completarían ingresos mensuales por $31.784. Les faltaría unos siete mil pesos para superar la línea de pobreza. 
Dato oficial: 4,8 millones de ju­bilados cobran la mínima. Duele decirlo, son 4,8 millones de pobres.
Es evidente que el problema es grave y reclama una solución ur­gente y profunda evitando caer en las rencillas mezquinas de la política, en los discursos demagó­gicos, pero sobre todo en la visión economicista que sólo ve números donde hay personas. Todo esto con apego a la ley, un problema recu­rrente del peronismo kirchnerista. Justamente, con el nuevo esquema que está poniendo en práctica la administración del Frente de Todos tendrá que lidiar, más temprano que tarde, en tribunales. No son pocos los que se podrían sentir afectados por el deterioro de sus haberes a causa de la suspensión de la ley de mo­vilidad que ha sido reemplazada por una fórmula im­puesta por decreto.
Con independencia de la discusión legal, que segura­mente tendrá un largo capítulo en tribunales, el hecho es que los salarios de los jubilados, los de la mínima y también los que están dos o tres escalones arriba, cons­tituyen una afrenta a la integridad de las personas ma­yores. Están bajo la línea de pobreza. 
Discutir por un punto más o menos es desenfocar el debate y resulta tan insolente como afirmar que hay “justicia social” en la nueva distribución.