El límite entre lo legal y lo legítimo
El defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, cuestionó el nivel de los aumentos de las jubilaciones, y anticipó que pedirá que la Justicia lo declare “inconstitucional”, ya que afirmó que “es violatorio de leyes”.
Los anuncios recientes del Gobierno nacional, respecto a aumentos para el sector pasivo, disparó una serie de reacciones que podrían derivar en reclamos judiciales.
El cambio en el cálculo de las jubilaciones y pensiones podría desatar otra ola de demandas contra el Estado, advirtieron especialistas y referentes de la oposición.
Alrededor de 2,5 millones de jubilados y pensionados estarían en condiciones de iniciar esas demandas, determinan las estimaciones realizadas por sectores técnicos de Juntos por el Cambio, que calcula que la mitad de quienes perciben haberes está siendo afectada por la medida.
Por su parte, el Gobierno sostiene que sólo el 27% percibirá menos, haciendo esa comparación, y recuerda que la medida es “temporal”.
Por eso, señalaron, se impulsó la creación en el Congreso de una comisión que deberá definir una nueva ley de ajuste previsional.
El defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, cuestionó el nivel de los aumentos de las jubilaciones, y anticipó que pedirá que la Justicia lo declare “inconstitucional”, ya que afirmó que “es violatorio de leyes”.
El presidente Alberto Fernández quiere retirar de la economía todas las normas que apuntan a la indexación, convencido de que es una de las causas que alimentaron la inflación.
La medida oficial -que permitirá un ahorro fiscal de unos $5.100 millones por mes- hará que buena parte de los jubilados y pensionados cobre el mes próximo sus haberes con una suba nominal inferior al 11,6%, el nivel que habría correspondido de no estar suspendida la fórmula de movilidad aprobada por ley, en medio de protestas sociales, a fines de 2017.
Los aumentos -según esa fórmula- fueron suspendidos por 180 días desde fines de 2019, por la ley de emergencia que aprobó el Congreso a pedido del Poder Ejecutivo.
El hecho de aplicar un 2,3% más un monto fijo de $1.500 determina que las subas serán de entre 3,75% y 12,96%.
En el caso del haber mínimo, el ingreso mensual pasará de $14.067,93 a $15.891.
El haber máximo, en tanto, pasará de $103.064,23 a $106.934,71, lo que significa un alza de un 3,75%.
Mientras que parte de los haberes está definido según el nivel salarial, hay otros (muchos de los que están en la base de la pirámide) que responden generalmente a quienes contribuyeron como autónomos o monotributistas, y a quienes se adhirieron a moratorias por no tener los aportes exigidos por la ley.
La salida del esquema establecido por ley pone -además- de manifiesto otras cuestiones que resultan polémicas para la actual gestión: decisiones relevantes son aplicadas por fuera del esquema legal, bajo el amparo de la emergencia económica.
La modalidad de gestión es repetida, y fue aplicada durante la década kirchnerista con un alto grado de efectividad, aunque de todas formas la cuestión pasa por determinar el límite entre lo legítimo y lo legal.
El Gobierno, que aún está en la denominada luna de miel con la sociedad (etapa de alrededor de 100 días al inicio de su gestión), avanza con esquemas de reestructuraciones profundas, en su mayoría vinculada a superar la contingencia de la deuda externa, para sentar las bases de un desarrollo económico.
Sin tiempo todavía para sacar conclusiones, las acciones apuntan a establecer un mecanismo de gestión. Los resultados se verán pronto, atentos a la demanda de los problemas.