Asistencialismo, solución doble filo

El nuevo Gobierno nacional, desde su asunción, incluso antes, puso el foco de su gestión en los sectores más vulnerables, en aquellas familias que pasan penurias y en muchos casos no tienen tan siquiera para comer. “La prioridad son los que tienen hambre”, repiten los funcionarios. Y está bien que así sea. No se puede discutir tan loable objetivo, por eso las medidas iniciales de la administración de Alberto Fernández que estuvieron dirigidas a paliar las necesidades alimentarias de los más pobres contaron con el acompañamiento pleno de todos, no hubo oposición, todo lo contrario incluso los avales -dictados por el Congreso de la Nación- fueron un poco más allá de lo aconsejable en tiempos de normalidad. Pero, claro, estos son momentos de crisis y las potestades deben ser amplias para maniobrar conforme la urgencia. La mega ley de emergencia, que le otorga facultades extraordinarias al Presidente de la Nación, es un ejemplo de ello.

El Poder Ejecutivo está obrando en ese contexto de emergencia articulando programas asistenciales (como la Tarjeta Alimentaria que está en marcha o el plan de remedios gratuitos para los jubilados que acaban de anunciar), que se suman a una larga lista de asignaciones especiales que ya existían y que se canalizan a través de la caja de la Anses -Administración Nacional de Seguridad Social-, cuyo principal objetivo por estatuto es operar como caja previsional. Es decir, atesorar los aportes de los trabajadores para darles, llegado el momento, una digna jubilación. Sin embargo, es un hecho que la Anses no está cumpliendo esa misión. O sí, pero no eficazmente.

La sucesión de crisis económica que ha vivido el país fue empujando cada vez más gente a la marginalidad. Con la pérdida de la fuente laboral comienza un ciclo de miseria que termina amortiguándose en parte por el Estado. La Asignación Universal por Hijo (AUH) que nació como una ayuda para los padres que habían quedado desempleados y que tenían hijos a su cargo, se transformó con el uso malsano, en un plan social automático. Se institucionalizó como parte de la asistencia que el Estado debe brindar a los más humildes.

Supuestamente la AUH se implementó como complemento, para que los chicos de los desocupados no quedaran desprotegidos en materia alimentaria. Hay familias que vienen cobrando la AUH desde hace una década. ¿Nunca consiguieron trabajo esos padres? Maldita suerte.

El punto es que hoy lo que perciben por esa asignación (unos $3.100 por mes, por hijo) ya no les alcanza para darles de comer, entonces también serán beneficiarios -automáticos- de la Tarjeta Alimentaria. Y es posible que otros integrantes de esas mismas familias reciban otro plan de los muchos que se canalizan a través de la Anses. Más asistencialismo estatal.

Buena parte del déficit de la Anses -la caja previsional- se explica por este obligado dispendio. Recursos que en lugar de ir a los jubilados se destinan a quienes resultaron empobrecidos por las sucesivas crisis y permanecen en esa condición sin un atisbo de prosperidad.

Salta a la vista que por este camino no hay salida, ni individual y mucho menos colectiva. El Estado, es decir todos los argentinos, no puede seguir afrontando esta carga, “no es sostenible”, como dice el profesor Fernández cuando se refiere a la deuda.

Está claro que hay que cambiar la ecuación y provocar la salida -amablemente, pero con firmeza- de esa zona de confort. Fomentar el trabajo y desactivar la lógica del asistencialismo perenne. Vale como ejemplo lo que pasó en Chilecito (La Rioja), esperaban 3.000 personas para la cosecha de aceitunas, pero sólo se presentaron 3. La gente no va porque al incorporarse pierde el plan social.