Primer planteo en la Justicia contra el aumento por decreto a los jubilados
Lo presentó el defensor de la tercera edad. Firman 7 mil afectados.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, planteó ayer, a través de una demanda colectiva, la “inconstitucionalidad” del decreto del presidente Alberto Fernández que el viernes de la semana anterior dispuso un aumento discrecional para jubilados y pensionados nacionales tras la suspensión del sistema de movilidad fijado por la gestión de Cambiemos. El amparo contra el Decreto Nº 163 -que introdujo cambios profundos en la normativa que fija el mecanismo de evolución de los salarios de la clase pasiva- apunta a que “se pague directamente la diferencia entre lo acordado por el decreto y lo generado por la ley”, explicó Semino.
Con la firma de unos 7 mil jubilados, la demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9 de Buenos Aires, a cargo de la jueza Silvia Saino, subrogante. En el caso de no obtener una resolución favorable, Semino adelantó que pedirán un recurso per saltum para llegar a la Corte Suprema de Justicia. “Tenemos ya siete mil adhesiones, no sólo las de la Ciudad de Buenos Aires, sino del interior del país, Córdoba, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, que nos van mandando sus peticiones”, destacó el funcionario.
Se trata del primer planteo formal contra la medida del gobierno de Frente de Todos que implementó un esquema desigual para aumentar los salarios de los jubilados y pensionados nacionales. Al suspender la fórmula de movilidad -sancionada por el Congreso en 2017- quedó sin efecto el aumento del 11,5% para todos los jubilados, sin restricciones. Eso determinaba la movilidad para marzo, pero el presidente Fernández lo reemplazó por un esquema escalonado de aumentos, los de la mínima gozarán de un 13% de incremento; el escalón más arriba 11,8% y el resto recibirá un porcentaje decreciente hasta llegar al 3,8%.
Más de 2 millones de jubilados recibirán un aumento menor al 11,5% que fijaba la fórmula de movilidad, por eso recurrieron a la Justicia.
“Nos presentamos esta mañana (por ayer) ante la Justicia y la causa ya salió sorteada en el Juzgado Nº 9, a cargo de la jueza subrogante Silvia Saino”, precisó Semino. La presentación judicial contó con el patrocinio letrado de los doctores Andrés Gil Domínguez y Adrián Troccoli. “Es un amparo con un pedido de medida cautelar, para que se reajuste conforme al guarismo que había arrojado la ley de movilidad; es para todos los afectados, salvo para los que cobran la mínima, que con los cambios tienen un incremento”, explicó el Defensor de la Tercera Edad.
Indicó que el objetivo pasa por “no afectar la progresividad de los adultos mayores porque se vulneran garantías consagradas en la Constitución Nacional, como los artículos 14 bis y el 75, que incorpora el pacto de San José de Costa Rica”. El Defensor de la Tercera Edad también consideró que el decreto, ahora cuestionado judicialmente, “se choca contra lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores”, que rechaza todo criterio de regresividad.
El funcionario argumentó que “el fin es simplemente evitar la litigiosidad del sistema. Nosotros históricamente hicimos presentaciones por estos casos, como fue con el fallo Badaro, el empalme de 2017 y otros. Esto no quiere decir que el jubilado que quiera demandar de manera individual no pueda hacerlo. Pretendemos simplemente que no se afecten a los jubilados, ni al Poder Judicial ni tampoco al Estado”.