Alto índice de judicialización de trámites jubilatorios trae pérdidas a la Provincia

La población de jubilados y pensionados provinciales en Corrientes llega a casi 34 mil beneficiarios. Un 40 por ciento de ellos se centra en la ciudad Capital. Dentro del universo jubilatorio provincial existe una problemática, tanto para el Estado como para el beneficiario, que conlleva a una millonaria fuga de fondos provinciales -además del empantanamiento de las demandas-, y es la judicialización de los trámites jubilatorios en relación al monto de los haberes a percibir como pasivos.
Del total de la presentaciones administrativas para jubilarse en la Provincia, el 70 por ciento está en manos de la Justicia por planteos de los beneficiarios, según contó a NORTE de Corrientes el escribano Marcos Amarilla, quien en diciembre asumió como interventor del Instituto de Previsión Social (IPS). Asegura que busca agilizar y optimizar la atención a los jubilados y pensionados, a través de la multiplicación de bocas de atención en las diferentes comunas correntinas y en la propia ciudad de Corrientes. Sobre los reclamos más frecuentes que se presentan en estos espacios, dijo: “La solicitud más importante que se presenta en las Oficinas Móviles en el interior o en la sede central de Capital es por el retroactivo, o sea que, desde el momento que inician el trámite hasta que le sale su haber jubilatorio, a veces suele tardar un poco. Cuando sale su beneficio vuelven a consultarnos para ver qué trámites tienen que hacer para el pago del retroactivo, es decir que salga su beneficio con fecha a partir del día que se presentó la jubilación”.
A esto, Amarilla enfatizó: “Otro reclamo es que, lamentablemente, hoy por hoy tenemos una incidencia judicial muy alta, porque nos piden judicialmente la rectificación de la aplicación de la ley, ya que nosotros estamos aplicando para el beneficio jubilatorio el decreto-ley de la época del interventor provincial Ramón Mestre (1999-2001) por el cual se jubila por los últimos 20 años de aportes (promedio). Entonces nos piden la aplicación de la última ley que estaba vigente antes del decreto, que consistía en los mejores cuatro años de servicio como activo (última ley aplicable)”.
Aseguró que estos son los dos reclamos más importantes, y le siguen las consultas de aquellas personas que van a iniciar el trámite para preguntar cuáles son los requisitos. “Para eso tenemos nuestra página web, donde se pueden descargar todos los formularios para la presentación y todos los requisitos. Igualmente en la oficina central está disponible todo el asesoramiento para hacer el trámite”, detalló.
El funcionario explicó que existen varios proyectos de autoría correntina en el ambiente legislativo sobre modificaciones jubilatorias, aunque no es específica de una actividad, sino que son proyectos generales, básicamente para la aplicación de la modalidad del haber jubilatorio.
Sobre ello, amplió: “Los proyectos plantean si se toman los mejores últimos cuatro años o los mejores diez años como activo o los últimos diez años. Pero es un planteo en cuanto a la consideración de la jubilación en general. No estoy de acuerdo con la actual normativa, porque nos está llevando a muchas causas que se judicializan. Es necesaria la implementación de una nueva ley con reglas claras para saber aplicar en el marco normativo para el haber jubilatorio. Actualmente estamos en más de un 70% de los trámites jubilatorios administrativos en curso judicializados, un promedio demasiado alto”. 

El interventor del IPS, Marcos Amarilla, explicó a NORTE de Corrientes que en este momento la Provincia de Corrientes se rige por el decreto-ley del interventor federal Ramón Mestre, que aplica el 82% móvil (de los haberes como activo). Esto solamente podría derogarse con otra ley, lo que siguen estudiando en el ámbito de la Cámara de Diputados correntina, para generar una mejor propuesta que podría reemplazar a la actual normativa del 82% móvil, que toma los últimos 20 años de aportes. “No estoy de acuerdo con la actual normativa, pues está llevando a que muchas causas se judicializan, tenemos el 70% de los trámite judicializados, que piden la aplicación de la ley anterior”, puntualizó.