Una oportunidad desperdiciada

Mediante un ardid, amparado en la legalidad, pero a la intemperie de legitimidad política y ciertamente carente de toda ética, el gobierno de Alberto Fernández consiguió sacar adelante la sesión especial en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y dio media sanción al proyecto de ley que reforma al régimen especial de jubilaciones del que gozan jueces y diplomáticos. Tras la aprobación por 128 votos a favor y 2 abstenciones, el expediente fue girado al Senado y seguramente completará el trámite parlamentario en breve gracias a la mayoría legislativa que tiene el oficialismo en la Cámara alta. El debate, imprescindible para sentar las bases de un sistema previsional saneado en la equidad, sucumbió en el apuro y la desprolijidad que el Frente de Todos le imprimió a la iniciativa.

Lamentablemente la oposición no estuvo en el recinto para dar su punto de vista y discutir el proyecto. La trapisonda a la que recurrió el oficialismo para conseguir el quórum, haciendo sentar en su banca al embajador Daniel Scioli -quien todavía ostenta el cargo de diputado nacional- le agregó una cuota de escándalo a un proceso legislativo de por sí controversial. La naturaleza del proyecto, que recorta beneficios previsionales extraordinarios a los miembros del Poder Judicial y a los integrantes del cuerpo diplomático, ya es suficiente motivo para la discusión, pero como si fuera poco el peronismo (kirchnerista) le sumó otro factor de discordia. Así es difícil edificar consensos que permitan elaborar reformas que sean duraderas.

El proyecto ha quedado manchado por un pecado ético. Sucede que la “extraña” presencia de Daniel Scioli en la bancada del Frente de Todos dio el quórum exacto para abrir la sesión, pero hizo estallar la bronca de la oposición y se ventiló en el transcurso de una sesión caliente. Antes de retirarse del recinto, el interbloque de Juntos por el Cambio denunció irregularidades en la conformación del quórum, al sostener que el diputado Daniel Scioli no podía participar de la deliberación porque ya fue designado embajador en Brasil.

En verdad Scioli todavía es diputado nacional, pero también es embajador designado. Aún no asumió en su nuevo cargo diplomático -lo hará en la primera semana de marzo- y por lo tanto todavía no renunció a su banca en el Congreso. Un abuso muy común en la política argentina, que nunca tiene sanción. Por el contrario, generalmente pagan muy bien estos servicios indecorosos.

Como sea, la maniobra encuadra en la legalidad, pero es reprochable desde el punto de vista ético. Por esta “anécdota”, que en realidad no es tal, salió de foco lo importante, que es la discusión sobre la adecuación del régimen previsional a un modelo de mayor equidad. Y no solo en la esfera del sector judicial y diplomático, sino en el sistema general.

Bastante hay para analizar y debatir sobre este tema, pero la velocidad del tratamiento por parte del Gobierno y la empecinada tozudez de la oposición para defender algunos asuntos que no tienen sustento desbarató lo que parecía un auspicioso comienzo de reforma. Es poco probable que la posición de jueces y diplomáticos, claramente beneficiados por una jubilación especial, obtenga el respaldo popular, la gente estará de acuerdo en reducir esos privilegios. Adecentarlos a la realidad actual. Sin embargo, el proyecto del Gobierno no busca una redistribución equitativa con el resto de los jubilados, solamente se plantea un ahorro fiscal.

Y a caballo de esta situación una inmejorable oportunidad para renovar las filas de la Justicia, donde hay -dicen- 260 jueces y 60 fiscales que están listos a jubilarse, pero siguen en el cargo... como Scioli.

Quizás, el complemento ideal a la reforma del régimen previsional para jueces y fiscales, sea una profunda reforma del sistema judicial argentino.