La distancia, según los bolsillos

En medio de la discusión paritaria de los do­centes, que cerró con éxito a nivel nacional, pero que está trabada en muchas provincias, se conoció ayer la evolución del índice salarial de los trabajadores durante el año 2019, que tuvo a su vez el acumulado de inflación más alto de las últimas dos décadas. Resultado, los salarios perdieron la ca­rrera contra la inflación. Aunque el dato no es nuevo no deja de ser irritante, especialmente en esta coyun­tura en la que se ventilan los haberes jubilatorios de los integrantes de la Justicia (Federal) y del cuerpo di­plomático a propósito de una reforma previsional que está en trámite en el Parlamento y que ha levantado mucha polva­reda política. Sucede que jueces y embajadores cobran “pequeñas” fortunas cuando están en activi­dad y las conservan, con módicas variaciones, cuando pasan a reti­ro. Esos salarios, como los de los funcionarios públicos (incluidos los legisladores) hacen ruborizar los recibos de haberes del resto de los mortales. Especialmente de aquellos que están alejados del siempre dispendioso amparo del Estado.
Más delicada es la situación de los que ni siquiera cuentan con la seguridad de un trabajo formalizado y una remuneración reglada por un convenio. En el segmento oscuro del mercado laboral cada vez hay más gente y ni qué hablar de los que directamente han quedado fuera del sistema.
La distancia entre unos y otros patentiza la iniqui­dad que envuelve a la Argentina y que, lamentable­mente, ningún gobierno pone empeño en corregir. El mejor ejemplo es el proyecto de reforma del sistema especial que gozan jueces y embajadores. La iniciati­va impulsada desde la Casa Rosada persigue (además de un inconfesable objetivo político) un ahorro fiscal para alimentar las rentas generales, no fue pensado para hacer una mejor redistribución con el resto de los jubilados, los del régimen general que apenas ganan 15.000 pesos mensuales.
Reducir los salarios astronómicos de magistrados y diplomáticos para engordar a los otros jubilados se­ría un acto de justicia social. Pero, el proyecto no está pensado con ese sentido. Tiene otras motivaciones.
El hecho es que si se aprueba la reforma previsional planteada, los del régimen especial pasarían a cobrar menos (una reducción sensible, pero no drástica), mientras que los del régimen general no cobrarán más. Seguirán igual que ahora. Esta es la iniquidad que le espera a la mayoría de los ar­gentinos que hoy tienen trabajo y pueden hacer aportes jubilatorios.
El cuadro se vuelve todavía más sombrío por la constantes pérdi­das a expensas de las crisis econó­micas. Y el país está -justamente- tratando de superar otra debacle que combinó en el pasado recien­te factores tóxicos: inflación, co­rrida cambiaria, endeudamiento, recesión. Lo que refleja en parte ese cóctel es la caída del salario, que es la representación del poder de supervivencia de los trabajado­res. La noticia (que no es novedad) dice que el índice de salarios total subió durante 2019 un 40,9%, con lo cual las remuneraciones de los trabajadores registra­dos y no registrados perdieron el año pasado casi trece puntos respecto de la inflación, que en 2019 acumuló 53,8%, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En diciembre, el índice tuvo un incremento de 2,6% respecto de noviembre de 2019. Además, ese fue el mes de menor crecimiento de los salarios en el sector privado, no así de los estatales, que tuvieron una evo­lución constante a lo largo de todo el año. Igual termi­naron abajo de la inflación, como todos.