Convalidan la declaración de un arrepentido contra ex juez

Un fallo que marca un criterio respecto de la apli­cación de las herramientas de investigación de causas complejas, convalidó la uti­lización de la figura de tes­tigo arrepentido en la causa en la que se investiga al ex juez Carlos Soto Dávila por supuestos cobros de coimas a involucrados en causas de narcotráfico.

En el fallo, la Sala IV re­solvió rechazar una queja y declaró inadmisible una casación interpuesta por la defensa del ex titular del Juzgado Federal 1 de la ciu­dad de Corrientes, Vicente Soto Dávila, procesado por el presunto cobro de coimas para beneficiar a los narco­traficantes.

La sentencia de la Sala IV de la Cámara Federal de Ca­sación Penal fue firmada por Mariano Hernán Borinsky, en el rol de presidente, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, como vocales.

Este Tribunal resolvió no hacer lugar a la queja inter­puesta por la defensa parti­cular de Carlos Vicente Soto Dávila contra el rechazo a un planteo de nulidad de la citación a indagatoria, de su procesamiento y confirma­ción por parte de la Cámara de Apelaciones, informaron fuentes del Poder Judicial de la Nación. La defensa también había cuestionado la actuación del Ministe­rio Público Fiscal y reeditó un agravio relacionado a la competencia territorial asig­nada a la causa. Respecto a estos planteos, la Cámara de Casación declaró inadmisi­ble una casación interpuesta contra el rechazo confirma­do de un planteo de incons­titucionalidad de la figura del “arrepentido”.

Así, la Sala IV convalidó las decisiones de las instan­cias anteriores que habían rechazados los planteos de la defensa del ex juez federal de Corrientes.

El juez Carlos Vicente Soto Dávila está procesado junto con sus ex secreta­rios judiciales, Pablo Moli­na y Federico Grau, los tres acusados de haber cobrado coimas a acusados de nar­cotráfico para liberarlos o lograr beneficios en las cau­sas que tramitaban ante su juzgado federal de Corrien­tes. La investigación tramitó en un principio en la juris­dicción federal de Corrien­tes, sin embargo, en el año 2018 la Sala IV resolvió que debía tramitar ante los Tri­bunales de Buenos Aires en donde actualmente se lleva a cabo la investigación. En septiembre del año pasado, Diego Iglesias, titular de la Procuración de la Narcocri­minalidad (Procunar), pidió la elevación a juicio de la causa al juez Rodolfo Cani­coba Corral, como subro­gante en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccio­nal 12. En su pedido sos­tuvo que el ex magistrado era el “organizador” de una asociación ilícita dedicada al supuesto cobro de sobor­nos a imputados en causas de narcotráfico en el Juzga­do Federal 1 de Corrientes. Según el requerimiento, el pedido de coimas era a cam­bio de aliviar sus situaciones procesales, al menos desde 2010 y hasta el 5 de diciem­bre de 2018. Los acusados son: Carlos Soto Dávila; los ex secretarios penales de su juzgado, Pablo Molina y Federico Grau; los aboga­dos Duilyo Barboza Galea­no, Jorge Vallejos, Gregorio Giménez, Tomás Viglione y Omar Serial; así como el ex intendente de la localidad de Empedrado, Juan Ma­nuel Faraone. Las manio­bras de las que se los acusa habían sido descriptas por un acusado por narcotráfico al que le habían pedido una coima.