La Justicia, en nuevo tiempo político
No solo de los jueces federales trata la iniciativa del Ejecutivo, pues también abarcará a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal.
Uno de los puntos más relevantes del discurso del domingo, con el que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habilitó el período de sesiones ordinarias del Congreso, fue el relacionado a la Justicia y la necesidad de profundizar en un cambio en uno de los poderes del Estado que mantiene desde hace muchos años el mismo sistema, y habilitó prácticas que rozan precisamente la mala administración.
La mirada en los tribunales federales que la administración nacional tiene respecto al comportamiento de jueces (principalmente) dista mucho del concepto de justicia plena, y entienden que muchas decisiones están ligadas a los vaivenes de la política.
La reforma de la Justicia federal anunciada por el presidente Alberto Fernández viene a intentar resolver un problema creciente del sistema institucional argentino que funciona en espejo: la judicialización de la política y la politización de la Justicia.
Las “falsas causas”, la “manipulación de sorteos” y la “arbitrariedad” de las detenciones llevadas a cabo por el fuero federal en los últimos años, le permitió al Presidente hablar hoy de un “oligopolio de los jueces” que necesita ser desarmado.
No hay un solo magistrado de la Justicia argentina, federal u ordinaria que no acepte la situación de desprestigio que tiene hoy el servicio de justicia, y sobre esa creencia extendida en la sociedad argentina, y también entre sus núcleos de poder, se basó el Presidente para anunciar una reforma que, al menos desde la enunciación, parece venir a cambiar el sistema.
Los márgenes posibles de esta reforma se vieron con la iniciativa de cambios a la baja en el sistema previsional de los jueces: salvo las asociaciones que los nuclean, no hubo ningún sector que convalidara sus quejas, muchas de ellas atendibles.
La base de la reforma es ampliar a medio centenar el número de jueces que entiendan en las causas de corrupción, para así no dejarlas en mano de un puñado de magistrados que puedan ser demasiado sensibles a las necesidades político-electorales del oficialismo o de la oposición.
Pero no solo de los jueces federales trata la iniciativa del Ejecutivo, pues también abarcará a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal.
Para la Corte este proceso no es una buena noticia, ya que Fernández habló de “repensar el alcance del recurso extraordinario” ante el máximo tribunal; ni tampoco para el Consejo de la Magistratura, que según el mandatario debe “mejorar su trabajo”, pero sí para los fiscales que verán ampliadas sus estructura y facultades.
Se verá entonces si este espíritu reformista podrá trasladarse a los hechos desde el “Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina”, cuya conformación anunció, y que estará integrado por “las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial”.
Aún cuando quedan muchas decisiones por conocerse, que el Gobierno haya elegido la reforma de la Justicia como uno de sus principales ejes de gestión para este año habla de la centralidad que tiene hoy la institución judicial en la política nacional.
Esa impronta en el inicio de gestión que busca dar el golpe de timón, tiene también una mirada en los distintos distritos que, más allá de la independencia y autonomía de las provincias, se busca que esas decisiones sean también entendidas desde los tribunales locales.
Así, y en la búsqueda de nuevos parámetros, los cambios propuestos podrían llegar como un efecto derrame para su plena aplicación.