ZANNINI . ¿Qué vino a hacer el abogado de la República?
La formalidad de darle impulso a un plan de formación superior para nuevos abogados del Estado, tarea que la Nación planea encarar con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y en articulación con el Gobierno provincial, trajo casi sorpresivamente al Taragüí a Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro de la Nación.
En ese marco se entrevistó con autoridades de la Unne y también visitó al gobernador radical, Gustavo Valdés, con quien abordó diversos tópicos en busca de “puntos de encuentro”, tal la definición que utilizó al salir de la audiencia. Más allá del protocolo, que marca una (auspiciosa) diferencia en el trato institucional respecto de administraciones anteriores, el interrogante sigue abierto, ¿qué trajo a Zannini hasta estas latitudes?
El programa denominado “Formación en Abogacía del Estado” es sin duda importante, a futuro cuando se ponga en marcha, pero hoy no muestra suficiente peso específico como para movilizar hasta la Capital del Chamamé, gobernada desde hace 20 años por el radicalismo, a una figura clave de la estructura legal del Estado. Zannini, en su calidad de procurador del Tesoro, ostenta el rol de abogado de la República Argentina y entre las muchas tareas que le corresponden está, por ejemplo, la de intervenir en los juicios de organismos jurisdiccionales o arbitrales extranjeros.
Opina, representa o patrocina, según el caso, y también está obligado a cumplir con la ejecución de una sentencia en contra del país. La Procuración del Tesoro es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional y de los más altos funcionarios de la Administración Pública Nacional, sin que esa función asesora se limite a las cuestiones relativas al erario. Además es llamado a intervenir, si así lo requiere el presidente Alberto Fernández, en litigios de otra índole, como los civiles o penales, que por arbitrariedades de tribunales ordinarios se sustancian luego en cortes internacionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cihd).
En ese ámbito hay varios reclamos que salpican a la Argentina, algunos están en proceso, pero otros ya tuvieron sentencia. Por caso, en diciembre pasado el Estado argentino fue condenado por la detención “ilegítima y arbitraria” del ex gobernador de Corrientes, Raúl Rolando “Tato” Romero Feris, por parte de la Justicia provincial. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece un fuerte precedente para otros casos similares y que orienta el debate en curso sobre los abusos en la aplicación de la detención preventiva, especialmente a los (ex) funcionarios públicos, una práctica malsana ligada al “lawfare”.
El presidente Alberto Fernández, en sus repetidas manifestaciones sobre la necesidad de adecentar el servicio de Justicia a través de una reforma, ha condenado con firmeza el “lawfare”. Corrientes, lamentablemente, fue una de las precursoras de la inquisición judicial con fines políticos.
Sin ir más lejos, el propio Carlos Zannini también padeció la embestida de la máquina judicial durante los últimos cuatro años. Ahora, convertido en el Procurador del Tesoro llegó -casi sorpresivamente- a Corrientes para apuntalar la formación de nuevos abogados del Estado, y también para charlar con un gobernador de la oposición que muestra un agradable trato institucional con el poder central.