Reforma: si los jueces apuran el retiro el 50% de los cargos quedarían vacantes

Al menos 17 jueces del fuero federal presentaron su renuncia al cargo desde que el Gobierno de Alberto Fernández envió al Congre­so el proyecto de reforma del régimen de jubilaciones especiales, que el Senado se encamina a convertir en ley el próximo jueves. Según consta en las publicaciones (hasta el viernes último) del Boletín Oficial de la Nación, esa fue la cantidad de re­nuncias de magistrados que el Poder Ejecutivo acep­tó desde el 14 de febrero, cuando el Presidente envió el proyecto al Parlamento. La iniciativa, que levantó una polémica, ya obtuvo media sanción de la Cáma­ra de Diputados, en una se­sión en la que Cambiemos -y buena parte de la oposi­ción- se ausentó del recinto denunciando arbitrarieda­des en las interpretaciones legales. Fue el día en que el embajador Daniel Scioli volvió a ocupar su banca de diputado para facilitar el quórum y votar a favor del expediente. 

Ahora, mientras el pro­yecto sigue su curso legis­lativo, las bajas en los Tri­bunales se multiplican, en menos de un mes se acep­taron 17 renuncias a través de los decretos 185 del 27 de febrero; 200 y 202 del 3 de marzo; 220, 221, 222, 223 y 224 del 5 de marzo y 232, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 242 y 243 del 6 de marzo.

El Frente de Todos, jun­to con sus aliados, parece tener el camino allanado para convertir el proyecto en ley el próximo jueves en el Senado, donde cuenta con una holgada mayoría. Según trascendió, Juntos por el Cambio (conformado por la UCR, PRO y Coalición Cívica) está predispuesto a votar a favor en general, más allá de proponer modi­ficaciones en particular.

Desde el anuncio del proyecto, las entidades que agrupan a los jueces advir­tieron sobre la posibilidad de renuncias masivas, por­que muchos magistrados ya tienen otorgado el benefi­cio de la jubilación, dado que cuentan con los aportes y la edad, pero continúan en el cargo hasta los 75 años, y adelantarían su re­tiro para no ser alcanzados por el nuevo régimen. En el plenario de comisiones del Senado el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justi­cia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, advirtió que “la can­tidad de magistrados y fun­cionarios de los Ministerios Públicos que estarían en condiciones de tomar esa decisión son 350 o 360”, y que “si eso ocurre, el 50% del Poder Judicial quedará vacante”.

Hasta el momento, y a menos de una semana de que se sancione la ley, la cantidad de renuncias es bastante menor a ese nú­mero, como se desprende de los 17 decretos firmados por Alberto Fernández y publicados en el Boletín Oficial.

Mientras que ese sector y parte de la oposición consi­dera que el Gobierno tiene la intención de forzar esas renuncias, los funcionarios encargados de defender la iniciativa lo negaron, al tiempo que criticaron un posible éxodo de magistra­dos. “Descarto totalmente que este régimen jubilato­rio tenga alguna vocación de expulsar jueces”, seña­ló el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ante el Senado, tras subrayar que el proyecto “mantiene el 82% móvil” y solo cambia el promedio de haberes sobre el que se calcula. En este sentido, el fun­cionario remarcó que “si esto expulsa a un montón de jueces, es un exceso de sensibilidad”.

Debido a que el proyecto eleva los aportes que deben realizar los jueces al siste­ma previsional, el Ministro señaló que “no se pretende que con su aporte finan­cien al resto de los bene­ficiarios del sistema, sino que requieran menos del resto de los beneficiarios del sistema”. El ministro explicó que “el 5% de be­neficiarios” del sistema “de los sectores más altos con­sumía el 25% de los recur­sos”, y que en ese 5% están los regímenes especiales de jueces y diplomáticos

La familia judicial

Preocupación y expec­tativa. Así recibió el Poder Judicial el proyecto de re­forma integral que el pre­sidente Fernández anunció en el Congreso, como uno de los objetivos de gestión para este año. La mejor sín­tesis del impacto la dio la vicepresidente de la Corte Suprema, Elena Higton de Nolasco, cuando dijo (el jueves último) que “tal vez se necesitan más juzgados (federales) porque el trabajo es mucho”. Y añadió sobre la propuesta que “las refor­mas todavía no están bien claras, hay generalidades y enunciaciones, pero nada en concreto”. 

La única mujer en la Cor­te reflejó la inquietud en el sector por saber cómo se hará y cómo los afectará la “federalización” de la Justi­cia ordinaria para llevar el número de juzgados fede­rales de una docena a unos cincuenta. Entre los jueces hay dudas sobre el alcance de la reforma y su imple­mentación, pero también hay una certeza absoluta sobre el objetivo: licuar el poder institucional y políti­co del fuero federal.

Por lo bajo, la “familia ju­dicial” concede que cuando el Presidente habló de un “oligopolio” de los jueces, esto es una concentración en pocas manos, no estuvo muy lejos de la realidad, aún cuando vislumbran un “uso político” del mal momento que atraviesan. “Pegar a los jueces” tiene buena prensa, pero hay razones de sobra. Existen distorsiones en la administración de justicia (tanto en el fuero federal como también en la provin­cias) que son indisimulables y deben ser corregidas. s

Refuerzan pedido de intervención a la Justicia

El senador nacional jujeño, Guillermo Snopek, vol­vió a defender el proyecto que presentó en el Con­greso para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, que comenzará a ser analizado esta semana en la Cáma­ra alta, y dijo que lo que busca es que en la provincia “haya garantías constitucionales del debido proceso”. La iniciativa desató una polémica y hubo reacciones, en Jujuy se realizó una marcha encabezada por el go­bernador Gerardo Morales (UCR). Sostienen que la intervención facilitaría la libertad de la dirigente Mi­lagro Sala. 

Sin embargo, Snopek -enemigo jurado de Morales- negó que su iniciativa apunte a la situación judicial de la detenida dirigente social Milagro Sala, con prisión domiciliaria. “Hay que distinguir la cuestión política de la judicial”, precisó. La comisión de Asuntos Cons­titucionales del Senado, presidida por María de los Angeles Sacnún (Frente de Todos), iniciará el martes el tratamiento del proyecto que propone que el “Go­bierno nacional designará un interventor federal” por un año (que se puede extender uno más), y declara “en comisión a miembros de la Corte, el Ministerio Público y todos los magistrados de tribunales inferio­res”.