Presos: tras traslado preventivo, evalúan otorgar domiciliarias

Los reclamos suscitados en cárceles argentinas, que incluyeron un intento de motín en la Unidad Penal 6 de San Cayetano, persis­tían, atenuada la violencia que se cobró cinco vidas y dejó al menos una decena de heridos graves. A nivel nacional el Poder Judicial lleva adelante medidas para descomprimir la si­tuación, la herramienta sugerida es la prisión do­miciliaria. En Corrientes la medida fue materia de eva­luación durante una reu­nión de representantes del Ministerio de Seguridad y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), luego de un pedido de éste al Ejecutivo provincial para garantizar la limpieza de las cárceles y la salud de los presos. La primera determinación adoptada posterior el en­cuentro ha sido el traslado de ocho internos de la Uni­dad Penal 1 a una cárcel de mínima seguridad de las afueras de la ciudad de Co­rrientes. Pero también se analiza suspender del todo las visitas en las cárceles del interior provincial don­de, pese al aislamiento so­cial preventivo y obligato­rio, todavía está permitido un mínimo contacto. 

Desde el Ministerio de Seguridad detallaron que ya se respondió de manera formal al pedido realizado por el STJ a dicha cartera, el cual lo instaba a adop­tar “medidas rigurosas de control para evitar la in­troducción del Covid-19 en las Unidades del Sistema de encierro de la Provin­cia”. El secretario de Gobierno, Luis Bravo, en declara­ciones radiales in­formó ayer que no hay ningún preso en Corrientes con sínto­mas de coronavirus, sin embargo, un puñado de in­ternos con condena firme y que, por su edad y antece­dentes médicos formaban parte del “grupo de riego” (mayores de 60 años con problemas respiratorios o enfermedades crónicas), fueron trasladados por el Servicio Penitenciario (SPP) a la Unidad Penal Nº 4 Granja Yatay, de régimen semiabierto, en el ingreso noroeste de la ciudad de Corrientes. Bravo explicó que se ha hecho entrega de jabones y lavandina a la población (junto con un pack de paquetes de yerba mate por pabellón) y que el personal penitenciario cumple con el protocolo de salubridad. “Los agentes se lavan las manos y en los pi­sos hay trapos con lavandi­na”, puntualizó para luego aclarar que los guardiacár­celes que tienen domicilio en Chaco permanecen de licencia y ninguno ha to­mado contacto con la po­blación desde el inicio de la cuarentena. 

“Lo que me preocupa es la gente extraña al siste­ma”, sostuvo el secretario en referencia a las visitas. Si bien el secretario de Go­bierno sostuvo que en las unidades penales de Capi­tal -la Nº 1 de condenados, la Nº 3 de mujeres, y la Nº 5 para presos con proble­mas de salud mental- han quedado suspendidas las visitas con el acuerdo de los internos, en el interior provincial se mantiene el contacto pero restringido: sólo un familiar designado, una vez a la semana. “Si la situación se agrava, vamos a evaluar suspender por completo las visitas en las unidades del interior”, ade­lantó. Respecto a la prisión domiciliaria el funcionario admitió que es una posibi­lidad a futuro que depen­derá del crecimiento o no del nivel de contagio y la autorización está a cargo de la jueza de Ejecución de la Condena, María Zacarías, y será “caso por caso”. 

NORTE de Corrientes informó en su edición an­terior -citando fuentes del SPP- sobre un intento de amotinamiento en la Uni­dad Penal 6, para presos procesados (en San Cayeta­no, Riachuelo); la protesta tuvo epicentro en los pabe­llones de mínima seguridad y apuntaba a la suspensión de las visitas. Se utilizó la fuerza para descomprimir la situación hostil y los incitadores fueron reloca­lizados. No hubo heridos graves. 

El incidente -que se suma a los ocurridos en cárceles de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y Chaco- se produjo sólo ho­ras después de que el STJ exhortó al Ministerio de Seguridad a intensificar “las inspecciones sanita­rias a personas privadas de la libertad y a quienes tomen contacto con ellas”. Y reiterada ayer por la jueza de Instrucción en feria (Ver Y también).

RESOLUCIONES 

La Cámara Federal de Casación remitió a todos los jueces del fuero con de­tenidos a cargo, un listado de 1.280 presos que según el Servicio Penitenciario (SPF) están en condición de riesgo ante la pandemia del coronavirus. El máxi­mo tribunal penal del país les encomendó actuar con urgencia ante pedidos de excarcelación o prisión domiciliaria, informaron fuentes judiciales.

El listado confeccionado por el SPF fue recibido en los tribunales federales de Retiro e incluye a detenidos con patologías preexisten­tes o edad avanzada, consi­derados dentro de los gru­pos de riesgo de contagio del Covid-19, informaron fuentes judiciales. Entre ellos, están represores con­denados por delitos de lesa humanidad como Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acos­ta. También, detenidos en causas por corrupción como el empresario Lázaro Báez y los ex titulares de la Secretaría de Transporte de la Nación en el kirchne­rismo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Los tribunales recibieron en estas semanas decenas de planteos de excarcela­ción y prisión domicilia­ria por la pandemia, pero hasta el momento todos fueron rechazados con el argumento de que las cár­celes no registran casos y que se tomaron las medidas de prevención adecuadas.

Casación remitió el lis­tado que recibió a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y recordó que se debe actuar de acuerdo con la Acordada 3 que dictó el 13 de marzo pasado. En esa norma, se encomendó a los jueces resolver cada plan­teo con celeridad.

Uno de los Tribu­nales que primero respondió a la cues­tión -según consignó ayer otro despacho de Télam- ha sido el Tribunal Oral Fede­ral 2 (TOF 2) de San Martín, el que sostuvo que estar incluido en un “gru­po de riesgo”, tras la de­claración de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, no es sufi­ciente para que a un dete­nido se le conceda en “for­ma automática” la prisión domiciliaria. En el mismo sentido están resolviendo al cierre de esta edición distintos tribunales nacio­nales y locales del fuero Penal Económico y Crimi­nal y Correccional. Con si­milares razones se expidió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Uno (Tope 1) al rechazar un pedido y sos­tener que en el lugar de de­tención se cumplen “las re­comendaciones médicas en relación al Covid-19, según los protocolos vigentes”.s