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Desafío para la prueba económica

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embara­zo y el Progresar, cuyos adjudicados no necesi­tarán realizar el trámite debido a que el monto se les acreditará de manera automática.

La crisis económica y la pandemia dejaron al descubierto una realidad, la que se detuvo como consecuencia de la cuarentena y la ac­ción del Gobierno para asistir a los que menos tienen.

Fue así que durante la preinscripción para recibir el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), más de 5,8 millones de personas se anotaron para poder cobrar los $10.000, en base a los últimos datos informados por la Administración Nacional de la Se­guridad Social (Anses). 

Ayer la cantidad de inscriptos aumentó a 1.872.315 personas, que se suman a los 4.015.285 anotados entre el vier­nes y el sábado, desde la puesta en marcha del registro.

Fuentes de la Anses señala­ron que analizan pagar el bono extraordinario de $10.000 de manera anticipada a los benefi­ciarios de la AUH y la AUE, que ya están inscriptos de manera automática en el padrón del IFE. La fecha tentativa de pago es el 3 de abril. En los demás casos, tras el testeo de datos que realizará la Anses para saber si corresponde el pago, se realizaría alrededor del 15 de abril.

El bono extraordinario será único por familia y co­rresponderá a trabajadores informales, de casas par­ticulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B, que sean argentinos nativos, naturalizados o residentes, con una residencia legal en el país no infe­rior a 2 años, y de entre 18 y 65 años.

A su vez, podrán contar con la asignación siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector públi­co o privado; los monotributistas de la categoría C o superior o del régimen de autónomos de una presta­ción de desempleo o de jubilaciones.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, cuyos adjudicados no necesita­rán realizar el trámite debido a que el monto se les acreditará de manera automática.

Y ante todo este esquema dispuesto por el Gobier­no nacional surgen algunos datos estadísticos releva­dos y analizados en la situación social del año pasado, en su último tramo. Será entonces que el Indec dará a conocer el miércoles el Índice de Pobreza e Indigen­cia al término del segundo semestre de 2019, año en el que el nivel de actividad económica registró una caída del 2,2% y la inflación fue del 53,8%.

En la última medición, dada a conocer en octubre y sobre datos del primer semestre del año, el 35,4% de los habitan­tes estaban por debajo de la línea de la pobreza y, dentro de ellos, el 7,7% eran indigentes. Estos niveles -registrados al cierre del primer semestre del año pasado- fueron mayores a los del segundo semestre de 2018, cuando el nivel de pobreza fue del 32% y el de in­digencia se ubicó en el 6,7%.

Con una población estimada en 45 millones de habitantes, la medición del primer semestre arrojaba que la pobreza afectaba a alrededor de 15,9 millones de habitantes, entre los cuales 3,4 millones de personas estarían en la indi­gencia.

La medición que realiza el Indec sobre la pobreza e indigencia se basa en los ingresos mínimos que re­quiere una persona para adquirir los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y pro­ductos y servicios de la Canasta Básica Total (CBT).

La perspectiva de asistencia durante el parate por la pandemia, y los estudios del Indec respecto la pobre­za revelan un complejo panorama económico y social en el país, el que deberá ser atendido con la misma impronta: el acuerdo nacional y la tarea conjunta. Una prueba, quizás la más importante, que nos toca­rá atravesar como sociedad. s