Detuvieron a un centenar de personas en dos días por violar la cuarentena
El número de infractores bajó durante el fin de semana. Desde que se implementó el resguardo obligatorio suman más de mil demorados.
En dos días la Policía de Corrientes demoró en la Capital al menos un centenar de personas que no respetaron el cumplimiento de la cuarentena obligatoria establecida por el Gobierno nacional y la Provincia para evitar la propagación del virus que produce la enfermedad del coronavirus.
Según los registros, el sábado hubo 45 detenciones en las recorridas policiales y operativos en los barrios de la ciudad, realizados desde la noche del viernes, según los datos dados a conocer por la fuerza de seguridad provincial.
En tanto, según datos extraoficiales el domingo, el número de detenidos entre la noche del sábado y la tarde del domingo fueron 24, según datos oficiales.
Los números no son superiores a los del viernes, cuando se registraron sólo 36 detenciones en el área de la Capital.
Esto indica que durante el fin de semana hubo una merma en la cantidad de personas que se arriesgan a violar la cuarentena y a contagiarse de covid-19, pese a las advertencias de las autoridades sanitarias y a las sanciones establecidas por transgredir la normativa vigente.
NÚMEROS DEL INTERIOR
En el interior la cantidad de infractores es mayor. Entre el viernes y el sábado la Policía informó 145 detenidos.
Respecto a la situación judicial de los detenidos, el 95% permanece entre 4 y 8 horas demorado y queda “notificado”, y sólo se activa el sistema judicial para aquellos casos en los que son reincidentes o que contaban con una notificación de las autoridades de salud donde se establece la obligatoriedad de permanecer enclaustrados. Es el caso de las personas que habían viajado a zonas de riesgo de contagios o que recibieron a personas de los países con situación crítica.
En la provincia la cantidad de causas judiciales activadas no supera la decena, y aunque existe controversia respecto a quiénes deben activar las causas, existe compromiso de las autoridades judiciales federales y provinciales en actuar ante casos en los que existan un riesgo cierto de propagación de la enfermedad.
En la Justicia Federal todavía no existen causas activadas por poner en riesgo la salud pública, pero en el fuero provincial ya se abrieron expedientes por los delitos tipificados en los artículos 202 al 208 del Código Penal de la Nación.
La normativa indica que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, en este caso, se aplica al covid-19.
El primer magistrado en activar una causa fue un juez de Paz. Se trata de Eduardo Modenutti, funcionario judicial de Itá Ibaté, quien ordenó que una familia de esa ciudad permanezca dentro de su vivienda y con custodia por haber recibido en ella a ciudadanos alemanes que habían partido de aquel país cuando la enfermedad estaba en expansión.
Las autoridades sanitarias locales notificaron a la familia que debían permanecer enclaustrados por 14 días, pero “no sólo incumplió el aislamiento obligatorio que impera en materia de prevención, sino que insultó a la profesional médica”.
Debido a esto el juez emitió una medida cautelar orientada a “asegurar el derecho a la salud en el contexto de las medidas sanitarias dispuestas por el covid-19”.