Una franja al descubierto

Más de 9,5 millones de personas completa­ron el formulario de inscripción para po­der cobrar los $10.000 del Ingreso Fami­liar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno para paliar el impacto económico derivado la pandemia de coronavirus. El registro lo lleva la Admi­nistración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y so­lamente ayer se anotaron más de 1,2 millón de aspiran­tes. A partir de hoy comenzará una prórroga para todas las terminaciones de documento de identidad (DNI), que se extenderá hasta el último minuto del viernes. No es descabellado especular que el padrón cerrará con 10 millones de inscriptos o más, es decir prácticamente un cuarto de la población total del país esperanzada en una ayuda (mínima) del Estado nacional. 

Aunque se establecieron con­diciones de restricción para ac­ceder al plan de emergencia de todos modos la cifra del registro sobrepasó las estimaciones preli­minares ¿o era lo que esperaban? Como sea, el padrón de 9.500.746 inscriptos (hasta el cierre de esta columna) dimensiona el impacto que genera la cuarentena sanita­ria que viene a complementar una crisis económica.

Hay que decirlo, el IFE no llegará a todos. Al menos eso se trasluce de las disposiciones oficiales que le dan marco al programa, por eso sería importante que la asistencia financiera tuviera una alcance irrestricto. Hay muchos trabajadores independientes que están en jaque por las limitaciones laborales que impone el ais­lamiento social obligatorio. 

Esto empuja a revisar de manera más exhaustiva la situación de distintos sectores, especialmente en la cla­se media, que reviste como monotributista, que tiene una buena posición social (casa, auto, cuenta bancaria), pero que en este momento está encerrado y no puede generar recursos. Se habla mucho sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y está bien porque es un segmento de la economía que da mucho empleo y ne­cesitará de auxilio para seguir en pie, aunque en este momento no esté produciendo. 

Hay que pagar servicios, tributos, cargas sociales, y -muy importante- tienen que cumplir con el salario de los trabajadores. ¿Las medidas que se han adoptado son las adecuadas? Pareciera que las directrices oficia­les todavía están lejos de dar satisfacción a la real nece­sidad de pequeños empresarios, comerciantes, cuenta­propistas, profesionales, monotributistas. 

Ejemplo, ayer el Gobierno de Corrientes hizo un anuncio sobre líneas de crédito a través de la banca estatal, destinados a pymes y monotributistas. Es una buena señal, pero se queda a medio camino porque las condiciones de devolución del préstamo (al fin y al cabo es eso) tiene gusto salado.

No hay que perder de vista que aquellos que van en busca de un crédito de hasta $5 millones para pagar salarios, forman parte de una unidad de negocios que está inmovilizada, sin capacidad ni pronóstico de recuperar en lo in­mediato la actividad productiva. Tres meses de gracia suena a poco tiempo y el 24% de interés genera temor, aunque es una muy buena tasa. 

El problema es que la economía está parada, en to­dos los ámbitos, se necesita pues de las autoridades un esfuerzo de comprensión para dimensionar la enverga­dura de la crisis derivada de dos años de recesión y a la que hay que sumar ahora una cuarentena por la emer­gencia sanitaria. 

El cuadro es complejo y requiere de agudeza en los sentidos de evaluación, agilidad en la respuesta y com­promiso en la propuesta. La Nación inició el camino y muchas provincias están imitando, atender primero la urgencia de los más vulnerables; ahora han comenza­do a pensar en las empresas, en el sector productivo, pero hay una enorme franja que queda sin cobertura. Sería bueno no perderlos de vista, y mucho mejor si les arrojan un salvavidas.