El gesto de la solidaridad

Una incipiente polémica, que no termina de cobrar cuerpo, viene acompañando el pro­ceso de emergencia sanitaria que vive la Argentina a propósito de la pandemia de coronavirus, y es la obligación o no que tiene la clase política de hacer un aporte económico (que salga de su bolsillo) para auxiliar programas, equipos o insti­tuciones de salud que están trabajando fuerte en esta coyuntura. Una buena parte de la sociedad, que ya se ha expresado al respecto, incluso haciendo cacerolas desde la puerta de sus casas o en los balcones, entien­de que los funcionarios públicos tiene que donar una parte de sus salarios, hay otros que lo consideran improcedente, algunos entienden que es irrele­vante, pero la gran incógnita es dilucidar qué piensa la mayoría. Será difícil develar ese interro­gante, aunque se puede especular con una conclusión: ningún ciu­dadano argentino, salvo los di­rectamente afectos en el bolsillo, se opondría a que gobernantes, legisladores y magistrados (todos con buen sueldo) hagan un apor­te solidario.

¿Sirve para algo o es apenas un gesto para la tribuna? Sobre esta disyuntiva se apoya el tímido debate que se enciende de a ratos. No hay que perder de vista, por ejemplo, que un sector del empresario está embarcado en una colecta para re­caudar fondos que se destinarán a la Cruz Roja Argen­tina con el objetivo específico de ayudar en la batalla contra el Covid-19. Planean juntar 100 millones de dó­lares, lo que es mucho dinero. Comenzó con fuerza, pero después se fue apagando en los medios y no hay certeza de si continúa adelante. 

Mientras tanto se multiplican las opiniones a favor y en contra. El último en pronunciarse al respecto fue el presidente Alberto Fernández que defendió la intangibilidad de su bolsillo y la de sus funcionarios. Ayer le preguntaron si estaba dispuesto a un donativo y aunque no dijo literalmente “no”, la respuesta que dio no ofrece margen de duda. “Tengo un Gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tie­nen empresas: realmente viven de su sueldo. Los lla­mo a cualquier hora y atienden. Sé que los funciona­rios no están robando la plata”, sostuvo el mandatario.

Aclaró que no era su intención “enredarse” en esa discusión, pero no perdió la oportunidad para dis­parar por elevación a la gestión anterior, “quiero que todos entiendan que no tengo a nadie robando plata, nadie cobra un sobre por izquierda, ningún ñoqui. No me vengan con esas cosas, porque después nos llaman populistas a nosotros”.

El dardo estaba dirigido a Cam­biemos, donde hubo chisporro­teos en los últimos días por este tema. Pero es llamativa la lógica de pensamiento de Alberto Fer­nández, quien parece deslizar un cuestionamiento al hecho de ser empresario. Y además que un em­presario pueda llegar a la función pública, y ante tal circunstancia un empresario sí está en condicio­nes -u obligado- a entregar parte de su salario, pero los políticos de carrera (como el profesor Fernández y su troup) no.

El Presidente que pretendió tomar distancia de la demagogia, utilizó un ejemplo demagógico (hasta ma­cartista) para identificar a los que están obligados y los que están exentos.

La función pública (en cualquiera de los tres pode­res) es un servicio, no debería ser entendido única­mente como una carrera rentada. 

En la actual circunstancia de emergencia resulta­ría alentador que la dirigencia política que tiene muy buen sueldo haga un aporte. Seguramente no inclina­rá la balanza, pero quebrará algunos -justificados- re­celos que el argentino de a pie tiene con los funciona­rios en general.