Caso Fernando: el abogado de los rugbiers recurrió a la Corte Interamericana de DD.HH.

La defensa de los diez rug­biers acusados por el homi­cidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido hace casi tres me­ses en la localidad balnearia de Villa Gesell, denunció ante la Comisión Interame­ricana de Derechos Huma­nos (Cidh) que el Ministerio Público bonaerense no les brindó el derecho a ser es­cuchados “con las debidas garantías”. Si bien Télam re­portó la novedad ayer (luego de un fallo desfavorable para los acusados), el abogado Hugo Tomei realizó su pre­sentación ante el organismo que depende de la Organiza­ción de Estados Americanos (OEA), con sede en Wash­ington, el pasado 8 de abril.

Es que justamente en la tarde del martes, la Cáma­ra de Apelaciones de Dolo­res rechazó las apelaciones presentadas por el defensor respecto de la prisiones pre­ventivas de ocho de los diez rugbiers, detenidos en la Unidad Penal de La Plata, y confirmara a la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, al frente de la investigación.

En la denuncia en trámite ante la Cidh que ingresó con el registro P799/20, el letra­do aseguró que “el Estado provincial no ha cumplido con brindarles” a los acusa­dos, “la información deta­llada” del delito imputado y “las pruebas en su contra”. Tomei subrayó en su denun­cia la presunta responsabi­lidad del fiscal General de Departamento Judicial de Dolores, Diego Escoda, y del fiscal de ese distrito Mario Pérez, por haber desestima­do una denuncia penal suya contra Zamboni, por “priva­ción ilegal de la libertad, in­cumplimiento de los debe­res de funcionario público, y falsedad instrumental”.

En su escrito, Tomei indi­có que en el marco de la cau­sa iniciada en Gesell tras el homicidio de Báez Sosa, de 18 años, “a media mañana del 18 de enero de 2020, se privó de libertad” a Máximo Thomsen, 20, Ciro Pertos­si, de 19, Luciano Pertossi, de 18, Lucas Pertossi, de 21, Enzo Comelli, de 20, Matías Benicelli, de 20, Blas Cinalli, de 18 y Ayrton Viollaz, 20. Además de Juan Pedro Gua­rino, de 19, y Alejo Milanesi, de 19, quienes luego fueron excarcelados pero permane­ce supeditados a la causa. El defensor señaló que se trata de “personas jóvenes some­tidas a encierro carcelario” y que ocho de ellos “llevan más de 80 días en extrema situación”.

En ese sentido, denunció que “el Estado provincial, hasta el día de hoy no ha cumplido con brindarles la información detallada de hecho atribuido y las prue­bas obrantes en su contra” y “por lo tanto, ha incurrido en una categórica e intolera­ble violación al derecho de ser oído con las debidas ga­rantías”.

Tomei puntualizó que busca “restituir las garantías mínimas concedidas a los ciudadanos por la Conven­ción Americana y violadas aquí por los funcionarios del aparato judicial del Estado provincial”.

Tal como había hecho en la denuncia penal que pre­sentó el 13 de febrero último contra la fiscal Zamboni y en su apelación ante la Cáma­ra, el defensor insistió en la nulidad de las indagatorias de los imputados, en las que cada uno de ellos se negó a declarar al día siguiente del homicidio, por considerar que no fueron informados sobre la acusación ni sobre las pruebas. .s