Piden que se declare de utilidad pública el dinero de una banda narco
Se trata de 11 millones de pesos, 70 inmuebles, 26 automotores secuestrados en la causa carbón blanco. Serían puestos en el sistema de salud.
El fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Federico Carniel, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos a cargo de Mario Villar y María Laura Roteta y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de Carmen Chena, solicitaron, en el marco de la ejecución del decomiso ordenado en la causa “Carbón Blanco”, la entrega de bienes inmuebles y automotores para que se destinen a hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Con relación al dinero en efectivo secuestrado en la causa, que asciende a más de 11 millones de pesos, requirieron que se utilice para cubrir las demandas del sistema de salud de la provincia del Chaco y de las que considere el Poder Ejecutivo Nacional, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que los bienes inmuebles se inscriban en los registros correspondientes a nombre del Estado Nacional, y se otorgue inmediata intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que lleve adelante las medidas indispensables de administración hasta su efectiva subasta pública, incluyendo la posibilidad de entregarlos en custodia a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, para que se destinen en forma transitoria y excepcional para hacer frente al impacto del coronavirus.
El fundamento del pedido es que “el destino social que se atribuya al decomiso encuentra su fin, aunque no como pena en sí mismo, también en razones de prevención general positiva: pues constituye un fuerte mensaje a la sociedad en términos de que el quebramiento de las normas a través de las cuales se obtuvieron ganancias ilícitas se restablece y reafirma, a su vez, devolviendo a la comunidad aquellos beneficios económicos ilícitos recuperados para que sean utilizados con un fin que beneficie a la vida comunitaria”.