Detenidos iniciaron una huelga por el retardo de las sentencias
La situación fue advertida por el abogado Ramón Leguizamón.
Los internos de la Unidad Penal de Condenados de la ciudad de Corrientes iniciaron una huelga de hambre en reclamo de mejores condiciones de habitabilidad en esa unidad carcelaria y de medidas sanitarias para evitar que el virus covid-19 afecte a la población carcelaria.
La situación fue advertida por el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en nota dirigida a las autoridades judiciales. La misiva está firmada por el titular del comité, Ramón Leguizamón, y el abogado Jorge Isetta (ver más en texto relacionado).
Ayer trascendió que la medida alcanza a unos 200 internos de los pabellones 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 12 quienes anunciaron ayer a la mañana el inicio de las acciones, aunque el colectivo de Yajá Porá, que trabaja en contexto de encierro, informó que casi toda la población penal tenía intenciones de adherirse a la huelga.
La protesta tiene la finalidad de enviar un mensaje a las autoridades judiciales que deben resolver la situación de detención de los internos alojados en dependencias carcelarias.
Los internos alojados en la Unidad Penal -ubicada en la avenida 3 de Abril 57 de la capital provincial- exigieron además al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes que se aceleren las respuestas a los pedidos de prisión domiciliaria, libertad condicional o libertad anticipada para quienes estén próximos a salir.
La preocupación de los detenidos está en que tras confirmarse un caso de coronavirus de un efectivo que trabaja en ese penal temen por su integridad física y contagiarse del virus covid-19.
Es por ello que advierten que dadas las circunstancias “se deben tomar medidas por la alta vulnerabilidad que existe en las cárceles en torno al coronavirus”.
De acuerdo con datos de organizaciones de derechos humanos, en la Unidad Penal 1 hay unas 670 personas alojadas y su capacidad real es de 440.
La solicitud está basada en las definiciones internacionales respecto al confinamiento en tiempo de pandemia, y de quienes pueden acceder a la libertad condicional, de acuerdo a las normas locales que, a toda costa, resulta de aplicación indefectible por cuestiones humanitarias.
PARA EL SPP, HAY CALMA
El titular del Servicio Penitenciario Provincial, Rubén Roque Romero, sostuvo que “la situación es de calma, porque hay diálogo”.
Aclaró que la protesta que se realiza apunta para reclamar a los jueces que impriman celeridad en el estudio de la situación procesal de los internos en condiciones de tener morigeraciones en las condiciones de detención. “Esto excede las facultades de las autoridades carcelarias porque el egreso de todo interno es competencia de la Justicia”.
Con relación a la situación de salubridad, sostuvo que “el sábado los integrantes del Comité de crisis se acercaron a la Unidad Penal 1 y explicaron la situación sanitaria en la que estamos, y los internos salieron conformes con esa explicación”.
Agregó que esta charla sirvió para evacuar dudas y remarcó que “la población carcelaria está bien”.
En relación con los reclamos de los internos que solicitan que se realicen estudios a todos los detenidos para determinar si alguno de ellos pudo haber contraído coronavirus, Romero dio a conocer que “el Ministerio de Salud Pública explicó que se realizan los hisopados con criterio médico y por ello no se realiza este procedimiento a la totalidad de la población carcelaria”.
Indicó además, que tras conocerse el caso de un policía penitenciario contagiado con coronavirus se realizó un estudio para establecer si el virus ingresó a la Unidad Penal. “Se hizo un testeo generalizado y al azar, sobre 20 internos en la Unidad Penitenciaria 1 y de eso podría surgir un indicador”.