El criterio legal en la pandemia
Es extraño cómo valoran los hechos los magistrados y esto lleva a reflexionar si la Justicia está a la altura de las circunstancias en este tiempo de emergencia sanitaria.
Un juez del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró inconstitucional la resolución del Gobierno de esa jurisdicción que ordenaba que las personas mayores de 70 años debían dar aviso telefónico de su salida del hogar en el marco del aislamiento obligatorio para frenar el avance del coronavirus. Concretamente, los adultos mayores tenían que tramitar un permiso para circular, aunque la salida fuese cercana y breve. El magistrado hizo lugar al planteo formulado por un particular que se sintió agravado por la medida y la anuló. El bloqueo ya no existe. Desde la Jefatura de Gobierno porteña, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, anunciaron que no habrán de apelar el fallo. Caso cerrado. Algunos los interpretaron como un traspié político, en rigor es una derrota en la compleja batalla sanitaria contra la epidemia de covid-19.
La disposición de Larreta, que tenía -dicen- un respaldo tácito del Gobierno nacional, apuntaba a reforzar la prevención en el segundo distrito del país con mayor número de contagio y de víctimas fatales. Cuidar al máximo a los adultos mayores, que es una población de alto riesgo, sería lo lógico en este período de emergencia y entroncaría perfectamente con la medida adoptada por el Gobierno porteño, pero muchos no lo ven así.
La resolución de Larreta desató una polémica, insólita y además inhóspita para el clima de tranquilidad institucional que requiere el momento.
El lunes a la medianoche el juez Lisandro Fastman declaró la inconstitucionalidad de la medida por pedido de un hombre que vive en el conurbano, pero que tiene que moverse en Ciudad de Buenos Aires. “La imposición a todo adulto mayor de 70 años de comunicarse previamente a realizar desplazamientos resulta una exigencia más gravosa para el colectivo de personas que para el resto de la población”, dice el magistrado en su fallo.
¿Ahora, ya sin esa imposición, sí se pueden mover libremente? La respuesta es: no. Ni los adultos mayores, tampoco los adultos ni los jóvenes. Ni los que están sanos y menos los que están enfermos. Todos necesitan (necesitamos) de un permiso para circular,
Es extraño cómo valoran los hechos los magistrados y esto lleva a reflexionar si la Justicia está a la altura de las circunstancias. Antes, en tiempos de “normalidad”, había razonables dudas, hoy en medio de la urgencia que impone la pandemia se ha vuelto evidente que los actores del Poder Judicial constituyen un punto flaco del sistema.
Es verdad que la polémica disposición del Gobierno porteño en la práctica funcionaba como un aislamiento agravado, pero es un hecho que la restricción de movilidad abarca a toda la población. Es incómoda, sin embargo absolutamente necesaria. El confinamiento, que el Presidente de la Nación impuso por un Decreto de Necesidad y Urgencia, colisiona con la Constitución, pero es indispensable ante el grave cuadro epidemiológico. Y nadie recurrió a la Justicia para desactivarla.
Ya fue dicho en esta columna en ediciones anteriores, la pandemia ha tensionado los derechos individuales respecto de un bien superior que es la salud general de la población. Medir los límites, y plasmarlos luego en fallos judiciales, demanda una lucidez que no siempre asoma en los tribunales.
La inquietante prueba de esa carencia de criterio son las resoluciones que han adoptado en esta parte del país algunos magistrados respecto de la (libre) circulación del personal de salud que vive en Corrientes y concurre a trabar al Chaco donde el cuadro epidemiológico es grave.
Otro doloroso ejemplo quedó patentizado ayer en la cárcel de Corrientes. ¿La Justicia está respondiendo con eficacia en este tiempo de emergencia?