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TARDANZA Y DESPROLIJIDAD DE LA CORTE PROVINCIAL

Convocan a la jueza para resolver cúmulo de pedidos de domiciliarias

Horas antes del estallido, la docto­ra Zacarías volvió a su rol y emitió su primer dictamen. Los supremos la habían puesto de licencia hasta el 27.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes convocó a la titular del Juz­gado de Ejecución de la Con­dena, doctora María Teresa Zacarías, para que reanude su actividad y resuelva los pedidos de prisión domici­liaria y libertad adelantada por parte de personas pri­vadas de su libertad y con condena firme que forman parte del grupo de riesgo en el marco de la pandemia por coronavirus.

La medida fue adoptada ayer horas antes del estallido en la Unidad Penal Nº 1 (UP1) de hombres condenados que terminó con un muerto y 15 heridos (ver página 11) luego de la presentación de un escrito Amicus Curiae por parte del presidente del Comité de Evaluación del Seguimien­to y Aplicación de la Con­vención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crue­les, Inhumanos o Degradan­tes, Ramón Celestino Legui­zamón, ante la Corte Pro­vincial efectuada el lunes en paralelo al inicio de huelga de hambre pacífica por parte de los internos de la UP1.

El llamado a la magistrada -que se encontraba de licencia desde el 16 de marzo debido a que el mismo STJ decretó la feria judicial extraordina­ria por la pandemia- expuso otra desprolijidad en el ma­nejo del servicio de justicia ya que dilató un mes el inicio de las resoluciones a las so­licitudes debido a que sólo una autoridad judicial tenía a su cargo la mayo­ría de los estamentos del fuero penal (juzgado de instrucción, tribunal oral y juzgado de ejecución) y los escritos -que superan la centena- se acumula­ban sin que hubiera pro­nunciamiento (a favor o en rechazo), tal como lo enfatizó el presidente del Comité en su escrito.

Tal como lo había adelantado en una entrevista dada a NORTE de Corrientes y publicada en su edición del domingo, la jueza Za­carías analiza cada caso en particular y a las pocas horas de volver a sus funciones ya emitió al menos un dicta­men, que benefició a Omar Hugo Rotella, condenado a 16 años de prisión en abril de 2014 por la estafa de la financiera Boston Continen­tal. 

“La decisión se enmarca en un planteo formulado por el Comité”, informó un vocero judicial. Y agregaron que el STJ “ratificó a la doc­tora Josefina González Ca­bañas para los juzgados de Instrucción y Correccional de Capital”. Empero el infor­me oficial no dice qué facul­tad invocaron los supremos para sin dar por terminada la feria -como habían acor­dado y anunciaron hace dos semanas para después retro­traerlo ante el anuncio pre­sidencial de la extensión del aislamiento- volver a poner en funciones a la jueza Za­carías, quien debía perma­necer inactiva hasta el lunes 27 de abril. 

Pese a la bruma que cierne la decisión de la Corte pro­vincial, a poco de volver a su puesto la jueza resolvió otor­gar la libertad condicional a Rotella, de 68 años, alojado en la “Granja Yatay”. 

Consultada por este diario antes de volver a su cargo, Zacarías explicó que tiene en cuenta el tipo de deli­to cometido y los informes de conducta proveídos por el Servicio Penitenciario. “Nuestros parámetros son la ley y los informes, debe­mos considerar si es o no beneficioso, ajustándose a la normativa, analizando el contexto y el núcleo fami­liar. Corrientes tiene una alta tasa de condenados por delitos sexuales. No po­demos dejar a ese hombre durmiendo en una plaza o deambulando por la calle”, agregó.