Unas 60 familias del asentamiento del Bº Quilmes rechazan orden de desalojo

Las familias que recibieron las notifi­caciones con la orden de desalojo confir­maron que mañana serán recibidos por la defensora de Pobres y Ausentes de la Provin­cia, Nora Maciel, en tanto el próximo lunes tendrán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas.

De acuerdo con la orden judicial las 60 familias deberán dejar el asentamiento para el 12 de mayo. La me­dida fue resuelta por la jueza María Cristina Sánchez del Juzgado Correccional Nº 2. “Hace 5 años que esta­mos acá. Nunca nadie habló con nosotros, así que de acá no nos vamos a ir”, manifes­taron.

A última hora del martes unas 60 familias comenza­ron a recibir en sus casas la medida resuelta por el Juz­gado Correccional Nº 2 de esta ciudad que ordenó el desalojo del asentamiento ubicado en el barrio Quil­mes. Y el plazo de ejecución de la medida está progra­mada para el 12 de mayo próximo.

Se trata de 60 familias que recibieron notifica­ciones y que de inmediato manifestaron su disconfor­midad al desalojo.

“Nos van a tener que sa­car de acá en un cajón, no vamos a dejar que nadie toque un ladrillo de nuestra casa”, dijeron ayer algunos de los vecinos que se ma­nifestaron en la entrada del asentamiento, en cercanías de la avenida Garay.

Con carteles, quema de cubiertas , golpeando ca­cerolas y una olla popular expresaron su rechazo al posible desalojo ordenado por la Justicia y pidiendo la expropiación de los terre­nos en los que viven.

Se trata de terrenos pri­vados, de unos 300 metros que fueron usurpados hace unos seis años y luego ven­didos en forma irregular a quienes habitan allí en la actualidad, muchos de los cuales construyeron sus ca­sas de material. Tras la ocu­pación inicial, los usurpa­dores fueron denunciados y se abrieron causas penales. Transcurrido el tiempo, in­tervino el Estado para ne­gociar con los dueños y re­gularizar la situación de las familias que se asentaron allí. En las viviendas habi­tan familias con muchos niños chicos, ancianos y mujeres embarazadas.

“Nos sorprendió, más que nada por la pandemia. No estábamos esperando esto. Varios vecinos tienen causas en el juzgado. Ayer -por el martes- la Policía comenzó a entregar las no­tificaciones a cada familia. Anoche nos reunimos los vecinos, porque no vamos a permitir que nos saquen. Somos más de cien fami­lias”, expresó una vecina.

Consultada sobre la rela­ción que mantienen con los propietarios del terreno, la vecina manifestó: “Nunca hubo trato para llegar a un acuerdo. No queremos que nos regalen nada, quere­mos pagar cada pedacito de tierra en el que vivimos”.

Agregó que hablaron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas, y que los vecinos estaban juntando los datos de todos los vecinos para entregarle.

“Vamos a seguir acá, haciendo ollas, manifes­tándonos con carteles. No vamos a dejar nuestra casa sola. De acá nos van a sa­car en un cajón, no vamos a dejar que nadie toque un ladrillo de nuestra casa”, sostuvo.

Por lo pronto realizan las gestiones con la provincia para la lograr la expropia­ción de los terrenos de par­te del Estado