El riesgo de la República virtual

Hace menos de diez días, en esta columna y con el título “Exceso de mando, el otro vi­rus” se desgranaba una reflexión sobre la necesidad de que las instituciones que son el sostén del modelo republicano (que rige, o debería, en la Argentina) retomen gradualmente la actividad, aunque sea parcialmente, frente al riesgo que implica el inusitado protagonismo del Poder Ejecutivo Nacio­nal producto del letargo en el que han caído los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Se advertía en­tonces sobre los efectos negativos que podría acarrear el hiperpresidencialismo. El llamado de atención no ha perdido actualidad, todo lo contrario se ha vuelto un imperativo frente a los desa­fíos -cada vez más complejos- que impone la batalla contra la epidemia de coronavirus.

Sin sacar de foco la emergen­cia sanitaria (que debe continuar como una prioridad en la políti­ca pública) la sociedad argentina tiene que recuperar algo de su vida anterior, especialmente en lo que hace a la producción y el trabajo. Para eso se requiere de protocolos especiales, que atien­dan lo sanitario, pero que facili­ten la nueva etapa.

En la elaboración de esas medidas todos los aportes son importantes. No se puede esperar ni pedir todo al Ejecutivo, los otros pilares institucionales (legislado­res y jueces) tienen una obligación, que es permanente y que en esta coyuntura es imperiosa.

Sin embargo, la respuesta a esta exigencia del mo­mento que vive la Argentina es una impensada polé­mica entre el Congreso (o el oficialismo parlamenta­rio) y la Corte Suprema de Justicia. Es increíble, pero en lugar de estar trabajando en lo que es importante (y urgente) se abrió un debate sobre si la Corte debe emi­tir una declaración de certeza que despeje las dudas del Congreso respecto de la legalidad de sesionar de manera remota, es decir sin asistir al recinto.

En medio del tironeo está la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. No debería ser sorpresa, el jaleo político es lo suyo, pero la señora parece haber perdido noción de la coyuntura apre­miante que atraviesa la Argentina y el mundo todo. También se la percibe desinformada de las facultades que tiene el Legislativo para definir su reglamento de trabajo.

No era necesario pedir la opinión de la Corte Supre­ma, el tema no lo amerita. Fue lo que señaló el procu­rador general, Eduardo Casal, quien se pronunció en contra del planteo de la jefa del Senado.

En igual sentido ya se habían expresado un pu­ñado de constitucionalistas. Con críticas a CFK, los académicos coincidieron en que la presentación no es viable pues no existe controversia para resol­ver y porque las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación deben ser resueltas por sus cá­maras. Hasta Eugenio Zaffaroni (pro kirchnerista) le bajó el pul­gar al pedido. Argumentó con la división de poderes: “Así como el Legislativo no le puede decir a la Justicia cómo trabajar, tampoco la Justicia le puede dictar las formas que debe sesionar el Legislativo”.

El desplante generalizado moti­vó ayer una catarata de mensajes a través de las redes sociales de la Vicepresidenta y su encargada jurídica en el Senado. Más jaleo mediático. Improductivo.

Ahora bien ¿cuál es la razón de forzar una declara­ción de certeza (que no corresponde) de la Corte Su­prema? Resulta difícil creer que la Señora -que es abo­gada- desconozca el procedimiento. En realidad está procurando un paraguas para las leyes sancionadas en reuniones virtuales ante la posibilidad de que sea cuestionada su legalidad. El eje de este embrollo es la pretensión de poner un impuesto extraordinario a los más ricos del país. El problema es que no quieren se­siones presenciales sino a través de teleconferencias.

Vuelta al principio. Leyes votadas a distancia. El riesgo de una República virtual.