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REPRESIÓN Y MUERTE EN LA UNIDAD PENAL Nº 1 DE CAPITAL 

Investigan si más de un agente disparó las balas que mataron al preso Candia 

El cuerpo tenía 10 heridas de arma de fuego. Compañeros de la víctima señalan a un penitenciario pero aún no declaran. La causa, sin detenidos.

La investigación judicial por el asesinato de José Ma­ría Candia, el preso de 22 años asesinado a balazos durante la represión del martes pasado en la Uni­dad Penal Nº 1 de la ciudad de Corrientes, se encuentra en fase de sumario policial y hasta el momento la fis­calía no ha solicitado de­tenciones. La jueza en feria, Josefina González Cabañas, informó ayer que -si bien aún no ha tomado contac­to con el pesquisa prelimi­nar llevada adelante por la Comisaría 1ra- sí ha recep­cionado ya los resultados de la autopsia y mantenido comunicaciones telefónicas informales con el fiscal del caso, Gustavo Roubineau, y los investigadores policia­les. “En el cuerpo se halla­ron tres proyectiles de bala de plomo que aún deben determinarse a qué tipo de arma corresponde y siete heridas de balas de goma”, detalló la magistrada en declaraciones radiales. Además aclaró que hasta el momento no ha ordenado ninguna detención ya que todavía no fue requerida por el representante del Ministerio Público. En su edición anterior NORTE de Corrientes había consigna­do que el doctor Roubineau junto al Servicio Penitencia­rio Provincial (SPP) y miem­bros del Comité contra la Tortura inspeccionaron las celdas de los pabellones 6 y 7 donde se produjo el homicidio de Candia y las heridas de arma de fuego a otros 12 presos, en esas circunstancias los internos entregaron de manera vo­luntaria celulares con cá­mara en los que registraron fragmentos de la arremetida de las fuerzas de seguridad -penitenciarias y policia­les- durante el estallido, los que fueron secuestrados para su incorporación en la causa judicial. En ese mar­co, uno de los integrantes del organismo que brega por el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, el doc­tor Jorge Isetta, aseguró en declaraciones periodísticas que los compañeros de Can­dia habían señalado a un penitenciario como el autor de los disparos pero desco­nocía si ya había declarado ante la Justicia. 

Al respecto, ayer, la doc­tora González Cabañas, explicó que aún el fiscal Roubineau no solicitó de­tenciones. Esto se debe a que todavía no se han re­cepcionados las testimonia­les, que primera instancia están a cargo de personal de la mencionada seccional. “Estamos trabajando en la modalidad online, el suma­rio aún no fue elevado al juzgado y sólo he manteni­do charlas informales con el fiscal e informes prelimina­res de la Policía a través de llamadas telefónicas”, dijo la titular del juzgado de Ins­trucción Nº 3. La elevación del sumario, según el código de procedimiento aún vi­gente en la provincia, tiene un plazo de 10 días y puede ser extendido. 

Por otra parte, la magis­trada detalló que los resul­tados de la autopsia deter­minaron que Candia -quien cumplía una condena de 6 años por robar el celular a su vecina- tenía alojado en su cuerpo tres proyectiles de plomo pero estaban pe­ritando para corroborar si se trataba de esa cantidad de balas o esquirlas de una sola. “Tenía otras siete heri­das de bala de goma desde la altura del cuello hasta el brazo derecho”, puntuali­zó y dejó entrever que po­dría tratarse de más de un tirador. “Del análisis de las cámaras instaladas en el lugar surge que eran varios agentes los que participaron como tiradores en el he­cho”, refirió. 

Durante la requisa del miércoles a la siesta, tam­bién se procedió al secues­tro de las escopetas y pisto­las del personal penitencia­rio que participó de la aco­metida contra los presos, en el marco de un estallido que tuvo por detonante una pelota de fútbol pero que el trasfondo era una huelga de hambre pacífica en reclamo de celeridad en la resolu­ción de pedidos de prisión domiciliaria y libertad anti­cipada y la detección de un caso positivo de coronavi­rus en guardiacárcel, al que ayer se sumó otro, quien estuvo en la jornada pero se retiró antes de los enfrenta­mientos (ver sección actua­lidad). Estaba pendiente un estudio de dermotest para intentar detectar vestigios de pólvora. La represión fue ejecutada por personal del Equipo Táctico de Opera­ciones Penitenciarias (Etop) y los grupos especiales de la Policía de Corrientes (PAR, GTO, Infantería y Canes). 

El preso asesinado en la Unidad Penal 23 de Floren­cio Varela presenta heridas compatibles con disparos de arma y no fue apuña­lado, por lo que todos los penitenciarios que actua­ron en el hecho se encuen­tran sumariados, informó Télam. Los investigadores aguardaban los resultados finales del estudio forense para establecer si las lesio­nes fueron ocasionadas por proyectiles de plomo o de goma, aunque adelantaron que ya fueron secuestradas las armas de todos los efec­tivos de esa unidad y de las otras que concurrieron a co­laborar ante los incidentes.

Una primera inspección forense realizada en la esce­na, el cuerpo del preso Fede­rico Rey Ramírez -quien se alojaba en el pabellón 6 de la cárcel desde el 2017 tras ha­ber sido detenido por el de­lito de robo calificado- pre­sentaba ocho orificios com­patibles con posta de goma, uno de ellos en la nuca. El Servicio Penitenciario Bo­naerense (SPB) había infor­mado de manera oficial que el recluso había sido asesi­nado a puñaladas durante una pelea entre dos grupos de presos. Tras determinar­se que Ramírez fue baleado, las autoridades iniciaron un sumario administrativo que involucra a alrededor de 100 penitenciarios.s