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EN EL PRIMER MES HAY 151 CASOS JUDICIALIZADOS

Aislamiento: cada 25 demorados, 1 causa

La mayoría son hombres que circu­laban sin justificación. La justicia debería llevarlos a juicio antes de 2023.

En el primer mes de ais­lamiento social preventivo y obligatorio la Policía de Corrientes ha dado curso a 151 causas penales por infracción al decreto pre­sidencial 297/20. Se trata de personas, en su mayoría hombres, que salieron de sus casas sin una justifica­ción ni pertenencia a las ex­cepciones previstas por la disposición gubernamen­tal, en algunos casos inclu­yendo intentos de evasión (ver más en la página 22).

Sin embargo, en el mismo periodo hubo 3.803 demo­ras/detenciones, es decir que uno de 1 de cada 25 fue judicializado y debería ser llevado a juicio antes de 2023. También fueron se­cuestrados 1.143 vehículos. 

El dato surge de la siste­matización de partes dia­rios enviados por la Poli­cía, sobre el resultado de los operativos -por el Co­vid-19- en el territorio pro­vincial, desde la puesta en vigor de la medida excep­cional. De la misma surge que, si bien la cantidad de detenciones diarios fluctuó a lo largo de los primeros 30 días de cuarentena, el nú­mero de causas penales fue aumentando recién desde el 5 de abril, a partir de la segunda semana se registró un suba ostensible, pasando de un pro­medio de 2 por día a 11. Tal era la baja penalización que incluso en los primeros 14 días hubo más bicicletas in­cautadas que causas inicia­das por la Policía en estos operativos. 

Este crecimiento se dio en paralelo con el refuerzo del accionar policial para reducir la circulación de personas y vehículos, que tuvo un pico máximo de 294 demorados el miérco­les 8 de abril, mientras que el 14 se registró la mayor cantidad de causas penales en un día: 14. 

El decreto 297/20 invoca tres artículos del Código Penal de la Nación, siendo el 205 el aplicado a estos casos: se trata del aparta­do que castiga con penas de 6 meses a 2 años por “violar las medidas adop­tadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propaga­ción de una epidemia”. Los infractores judicializados, una vez normalizada la si­tuación en el poder Judicial, deberían ser llevados a jui­cio en un lapso no mayor al máximo, con el riesgo de la extensión de la acción pe­nal, y en el transcurso del proceso podrá solicitar la suspensión (o probation), ya sea con una compensa­ción económica como con labor comunitaria. 

En los días posteriores al primer mes de aislamiento la fuerza policial continuó informando sobre personas detenidas, a las que se les inició causa penal; entre el 21 y 25 de abril se contabili­zaron otras 10 causas pena­les, por lo que la cifra ya su­pera los 160. A este ritmo, y ante la inminente extensión de la cuarentena, se estima que llegará a 200 a media­dos de mayo (un número similar a la cantidad de fa­llos judiciales que emite un tribunal oral en la ciudad de Corrientes en todo un año). 

En Argentina desde el 20 de marzo, hasta las 14 de ayer, 3.991.654 personas fueron detenidas, demora­das o notificadas.