La responsabilidad institucional

La falta de discusión parlamentaria, freno (auto)impuesto desde la declaración de la cuarentena, abrió en los ámbitos académicos y judiciales una discusión de fondo respecto al rol del Poder Legislativo, en tiempos excepcionales.

La (eterna) preparación de Diputados en el Congre­so para reunir en el recinto a los legisladores, buscan­do mecanismos y con el argumento del resguardo de la salud de los representantes del pueblo, mantiene al cuerpo comandado por Sergio Massa en una quie­tud preocupante. Si bien es cierto que cada semana se informa de la reunión virtual de comisiones con funcionarios del Gobierno, lo concreto es que el freno legislativo es evidente y alejado de la necesidad republicana de contar con todos los poderes del Gobierno funcionando en tiem­pos de extrema necesidad. Inclu­so la aparición en los medios del presidente Massa, como de los legisladores, fue al solo efecto de polemizar respecto a la forma de sesionar. Y hasta ahora no pasa nada.

En el Senado la cuestión fue un poco más allá: desde la pre­sidencia del cuerpo, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, se insistió ante la Corte Suprema de Justicia de con­seguir un aval sobre la forma de sesionar.

Luego de la determinación, al parecer la actividad en la Cámara alta del Congreso estaría a punto de avanzar, aunque claro está, más de un mes después de la declaración de la cuarentena.

Esta situación azuzó una discusión en ámbitos aca­démicos, respecto al comportamiento de los legisla­dores, un escalón (o varios) por debajo de la respon­sabilidad en medio de la pandemia por coronavirus.

Las cátedras de Derecho Constitucional de la Uni­versidad Nacional de Buenos Aires (UBA) analizaron el rol del Estado y la división de poderes en el marco de la pandemia de coronavirus y coincidieron en ob­jetar “la inactividad del Congreso” y lo que conside­ran una casi paralización del Poder Judicial.

“El Poder Legislativo es la cabeza de uno de los po­deres del Estado, el órgano democrático y representa­tivo por excelencia. Es absolutamente autónomo en el marco de sus facultades para instrumentar lo que sea necesario para cumplir con los fines que el pro­pio mandato constitucional le indica”, dijo la abogada Susana Cayuso.

En ese contexto advirtió que “la inactividad del Congreso le es absolutamente imputable y es respon­sabilidad del propio Poder Legislativo”.

Alberto Dalla Vía, juez de la Cámara Nacional Elec­toral, explicó que “a la hora de interpretar los regla­mentos hay que ir a los principios de soberanía del pueblo y al de la forma republicana de gobierno”.

“Esta emergencia está en el marco de una ley sancionada en diciembre del 2019, ley 27.541, que contemplaba una cantidad de supuestos vinculados con el tema económico y estableció la emer­gencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsio­nal, tarifaria, emergencia, sani­taria y social”, dijo el juez, según informó un comunicado. Aclaró entonces que “el DNU 260/2020 que amplía la emergencia, no ha pasado por el Con­greso” y entonces interpeló el “funcionamiento de las instituciones”.

Sobre el Parlamento, Raúl Gustavo Ferreyra aseve­ró: “No encuentro razones por las cuales el Congre­so no esté sesionando a pleno y no cumpla con sus tareas de producción y control. El Congreso tiene competencia para decidir en qué circunstancia se va a reunir, cómo y cuándo”.

Los testimonios (consignados por la agencia Télam) dan cuenta de una labor con desapego a las coyuntu­ra. Las instituciones democráticas, el sistema repre­sentativo, republicano y federal exige de sus actores un rol de compromiso, aún mas en tiempos de crisis inusuales.