La protección de las víctimas

La decisión judicial de avanzar con la libera­ción de detenidos de las unidades penales, en el marco de la jurisdicción federal, llevó a críticas e incluso advertencias de acciones políticas desde el Poder Legislativo.

En principio, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que todos los tribunales bajo su órbita “prio­ricen el trámite integral de casos con personas priva­das de libertad” y que todas sus salas y tribunales se integren de manera virtual.

Esta definición, en el marco del aislamiento por la pandemia, se da en un contexto de discusión sobre la salubridad de las unidades pena­les, en tiempos también de recla­mos violentos en ellas.

Fue así que Casación emitió la acordada poco después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación extendiera la feria judi­cial extraordinaria, pero habilita­ra a cada tribunal a “ampliar las materias” sobre las cuales actuar durante la emergencia sanitaria.

En otras palabras, la acordada “ordena tramitar todas las cau­sas con detenidos, en todos los tribunales federales, de todo el país, en modo virtual”, indicó a Télam un magistrado que integra el máximo tribunal penal del país.

De esta forma, Casación también dispuso que se avance, en la medida de las posibilidades tecnológi­cas, en la realización de los juicios orales en los que haya personas privadas de su libertad, tal como ade­lantó esta agencia el último fin de semana.

Casación también dispuso que “los tribunales y dependencias” bajo su órbita “se integren en su tota­lidad, para su actuación por los medios electrónicos disponibles con todos los miembros del tribunal”.

A esta definición judicial, y ante los reclamos planteados por la liberación, el poder legislativo reaccionó: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó que instruirá a la oficina de Atención a las Víctimas, creada por ley en el ámbito del Congreso, para que le dé impulso a juicio político a los jueces que procedan a la liberación de delin­cuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas.

Massa recordó que en enero pasado, el Ministerio de Justicia le cedió al Congreso el funcionamiento de la Oficina de Víctimas que trabaja en el cumplimien­to de la ley de Víctimas votada por casi unanimidad y establece que el juez tiene que dar vista e interven­ción a la víctima.

Massa añadió que “las sanciones son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el de­lincuente debe cumplir para sub­sanar el error que cometió”.

“Cuando aparece una situación que rompe esto, se rompe el prin­cipio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argenti­nos”, indicó.

En los últimos días, asociacio­nes de familiares de víctimas de delitos, entre ellas Madres del Dolor y Usina de Justicia, expre­saron su rechazo a la eventual li­beración de presos de las cárceles ante la pandemia del coronavirus y advirtieron que denunciarán a cada juez responsable de la libertad de un recluso que vuelva a reincidir, informaron en un comunica­do.

Nuevamente la mirada cruzada desde la Justicia, la política y el Poder Legislativo ponen en evidencia un sistema cargado de perversidad, en el que las víc­timas son dejadas de lado en toda acción que supone la sanción a quienes cometieron delitos. Un sistema justo, con todas sus aristas, emerge como la gran ne­cesidad social, transformada la cuestión como una de las cuentas pendientes de la democracia.

Acuerdos, reglamentos y leyes vigentes, en clara contraposición muchos de ellos, ponen en colisión los derechos de os ciudadanos, víctimas y victima­rios, en una sociedad claramente injusta.